Nueva crisis carcelaria y hacinamiento: el drama que dejó al descubierto la decapitación de reo en El Manzano

El caso de un reo que decapitó a su compañero de celda en la cárcel El Manzano, en la Región del Biobío, al que se sumó en las últimas horas un preso fallecido tras recibir 200 puñaladas en Puerto Montt, dejaron ver la crisis carcelaria que afecta al país en términos de hacinamiento.

Los primeros en levantar la voz fueron los propios funcionarios de Gendarmería, los que apuntaron directamente por este fenómeno al Congreso Nacional y a lo que llamaron “populismo penal”, ya que se busca castigar cada vez más delitos con presidio efectivo pero sin considerar una mejora de infraestructura.

El suboficial mayor de Gendarmería Benito Saravia, vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, precisó a radio Cooperativa que “este populismo penal implicó aumentar la cantidad de penas de una gran cantidad de internos; el populismo penal que está instalado en los parlamentarios y en los diferentes gobiernos de los últimos años ha hecho que se aprueben al menos 10, 15 o 20 leyes incluso, donde fomentaban las prisiones preventivas y las condenas, pero ninguno de quienes aprobaron estas leyes, ningún gobierno que estuvo de turno, planificó la ampliación de más metros cuadrados para recibir este aumento de población penal, que se proyectaba con el aumento de las penas, y también con la promulgación de leyes que aumentaba la prisión preventiva”.

Saravia acusó que esta situación ha hecho que la población penal haya crecido hasta cerca de un 40% en los últimos 24 meses, lo que se suma al hacinamiento histórico que ya enfrentan las cárceles nacionales.

Junto con ello, lamentó que se quiera sacar provecho político a lo ocurrido en la cárcel El Manzano para instalar una “pérdida de control” al interior de los recintos penitenciarios, recordando por ejemplo que la segunda administración de Sebastián Piñera cerró cinco cárceles, reduciendo aún más los cupos.

La postura de Gendarmería fue complementada por el ministro del ramo, Jaime Gajardo, quien dejó en claro que “en nuestro país no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, donde quienes administran el establecimiento penitenciario son los propios internos y el Estado después tiene que ir a retomar el control de esa cárcel. Y eso lo hemos visto muy recientemente en varios países de la región. Eso en nuestro país no ocurre”.

Una visión más relativa tuvo el senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad, que declaró a radio Biobío, “una cosa es que no tengamos motines, otra cosa es que no se nos arranquen los presos de las cárceles. Pero, otra cosa es no haya corrupción o que no haya algún tipo de perforación a nuestro sistema carcelario. Y sabemos que hay una corrupción, sabemos que ingresan teléfonos celulares, sabemos que ingresan drogas, que ingresan otros elementos que están prohibidos”.

Matthei: rechaza dichos de ministro de Justicia y anuncia propuestas para enfrentar crisis carcelaria

Quien se mostró contraria a lo expresado por Gendarmería y el ministro Gajardo fue Evelyn Matthei, presidenciable de la UDI, quien anunció una serie de medidas para enfrentar la crisis carcelaria y recuperar “el control de las cárceles”.

“Me parecieron raras las declaraciones del ministro de Justicia, señalando que el Gobierno o el Estado tiene control de las cárceles, no es así, en las cárceles se siguen cometiendo delitos, en las cárceles se lidera la comisión de delito, siguen sin estar bloqueados los celulares, así que naturalmente tenemos diferencias de fondo. Pero esto es algo tan importante que obviamente que estamos dispuestos a poner a disposición del Gobierno este tipo de planes”, argumentó.

En esta línea anunció la intención de aumentar las plazas con su Plan Cárceles, aunque no quiso entregar mayores antecedentes respecto al número de cupos a incrementar, los recintos que buscaría construir o el lugar dónde se emplazarán.

“Todo el mundo quiere lo lindo, nadie quiere la parte fea, sin embargo, esa parte es absolutamente indispensable. Lo que hay que hacer es sentarse a conversar con esas comunidades, con los alcaldes también naturalmente y ver cómo se les puede compensar. Hay ciertas cárceles que tienen que estar en lugares muy aislados, sobre todo las cárceles de alta y máxima seguridad”, puntualizó.