Recontrucción en manos privadas: el fracasado modelo del gobierno

Tras asumir la presidencia de la República el 11 de marzo de 2010, Sebastián Piñera se abocó de lleno a delinear cuál sería la estrategia de su gobierno para enfrentar las labores de reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero. En medio del mar de críticas y cuestionamientos a la ineficiencia de los organismos públicos, el Ejecutivo apostó por entregar a los privados las labores de reconstrucción, específicamente el diseño de los planes maestros bajo los cuales se iniciarían las faenas. 

 

El plan consistía en que grandes compañías pusieran recursos humanos para levantar las necesidades locales y luego elaboraran un proyecto que sería entregado al Ministerio de Vivienda (Minvu) para buscar financiamiento. 

 

En ese marco, se estructuraron 150 planes maestros para cubrir las necesidades de todas las zonas del país afectadas por el terremoto y posterior tsunami. Sin embargo, hoy – a casi un año del terremoto- sólo 4 de estos planes maestros han podido ver la luz bajo el alero de las empresas privadas: los de Constitución, Talca, Curicó y Licantén. ¿El resto? Ante el fracado del modelo, fueron licitados y finalmente recayeron en manos de distintas reparticiones del Estado.

 

Según un experto que ha asesorado al equipo coordinador de la reconstrucción al interior del Minvu,  “el gobierno quiso pasar la reconstrucción a manos privadas, pero el modelo no resultó”. Estas grandes empresas participaron del diseño de millonarios Planes Maestros que hoy son sólo papel y  no cuentan con el financiamiento, ni las capacidades para llevarse a cabo. 

 

Uno de los casos más emblemáticos es el de Constitución. En esa ciudad la forestal Arauco, del grupo Angelini, fue quien llevó la batuta. 

 

Arauco encargó a la oficina de arquitectos Elemental,  donde el actual subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli fue socio hasta marzo del 2010,  que elaborara una propuesta. Elememtal inició la confección del proyecto a partir de  sus propias ideas y las que recogiera de la comunidad.  ¿El resultado? Un proyecto cercano a  US$180 millones, cifra que en el contexto de reconstrucción era imposible de financiar. 

 

Un conocedor de la propuesta asegura que no sólo el proyecto es impagable, sino que tiene fallas garrafales como haber emplazado el cuartel de Bomberos y la escuela municipal Enrique Don Müller en una zona de inundación. 

 

La historia en Talca es muy similar. En ese lugar fue la inmobiliaria El Bosque, perteneciente al grupo Vicuña-Hurtado, quién  construyó el Plan Maestro de Reconstrucción. Este caso estuvo lleno de dimes y diretes, luego de que el Alcalde Juan Castro (RN) desconociera un acuerdo del Concejo Municipal para entregar la reconstrucción a una serie de organizaciones (universidades, ONG, entre otras) y firmara un convenio con la inmobiliaria. 

 

Para la concejal Paulina Elissetche (PS) la decisión del alcalde “se hizo a contrapelo de mucha gente”.  Elissetche asegura que no se escuchó a las personas “más allá de unas pocas reuniones o encuestas por internet” y terminó por elaborarse un plan que “no responde a las necesidades de los talquinos”.  Según Marcelo Gutiérrez, de la ONG Maule Sur, el plan de la inmobiliaria consta de una  “serie de obras más cercanas al marketing urbano que a una reconstrucción real”. 

 

Suspicacias levantó la sugerencia hecha por la empresa en cuanto a que, para obtener financiamiento, Bienes Nacionales debía desafectar y vender parte del borde costero del Río Claro para crear proyectos inmobiliarios. De todas formas la concejal  Elissetche reconoce que el proyecto en sí mismo “no es malo, pues recoge iniciativas anheladas por años en la ciudad”, pero hace ver la ausencia absoluta de una estrategia que entregue soluciones directas a las personas “que hasta el día de hoy no reciben ninguna”.  

 

Asociación público-privada

 

Al interior del Minvu hay quieres reconocen que la estrategia de enfrentar la reconstrucción desde manos privadas  poco a poco fue retrocediendo. La idea de replicar este modelo en el resto del país fue perdiendo terreno y finalmente sólo quedó reducido a los casos ya mencionados de Constitución y Talca, a los que se agregan los de Licantén, en donde el plan fue elaborado por la  consultora Hatch y Curicó, en manos de un grupo de empresarios de la zona. 

 

La escasa participación por parte de privados en el resto de los Planes es justificada por el coordinador nacional de reconstrucción, Pablo Allard, quien dice que “este tipo de planes son altamente complejos y son pocas las empresas que tienen la capacidad técnica de elaborarlos”. Asegura que el Estado no ha abandonado su rol y que “la asociación publico – privada es clave en la reconstrucción, no sólo en la elaboración de planes maestros, sino en una serie de otras iniciativas”. 

 

Lo cierto es que estos cuatro casos (más unos pocos liderados por ONG’s) no pudieron ser replicados y debieron ser licitados por el propio Minvu o elaborados por la Intendencia del Bío Bío, poniendo fin a la estrategia del gobierno.  

 

El  diputado Carlos Montes (PS), afirma que “desde un comienzo hicimos ver al gobierno los problemas que este tipo de estrategia arrojaría. Hoy tenemos proyectos absolutamente inviables y a una población tremendamente frustrada porque se les prometió de todo”. El parlamentario recuerda que este formato ya fue utilizado  por Estados Unidos en Irak y “fue un rotundo fracaso”. 

 

Montes asegura que no se opone a la colaboración de los privados, pero ésta debe ser  “con una mirada pública” y articulada desde el Estado. Para ello asegura que han solicitado al Ejecutivo la creación de agencia  que “coordine y establezca una estrategia clara”. 

 

A sólo días de la conmemoración del llamado 27-F, el presidente Sebastián Piñera encabezará una ceremonia religiosa, mientras los miembros de su gabinete se despliegan por las zonas afectadas. Ahí se verá la respuesta ciudadana a un proceso altamente cuestionado.