El día que la sospecha de contrabando apuntó a Cencosud

“Falta de coordinación” e“inminente riesgo” de que hubiese ocurrido en más de una ocasión. Esa es la lapidaria conclusión a la que llegó la Contraloría luego de investigar lo ocurrido con el ingreso por parte de Cencosud de mercaderías al país a través de la Aduana de Los Andes, bajo el el rótulo de “Asistencia Humanitaria”.

Tal como lo denunció la Dirección de Aduana en enero pasado, efectivamente tal importación no cumplió con los requisitos necesarios para recibir esa denominación, que les permitía no sólo obviar ciertos controles, sino que ahorrarse el pago de los impuestos de internación.

Así lo deja en claro la Contraloría, al advertir que si bien 109 de los 177 camiones de Cencosud ingresados hasta el 25 de mayo de 2010 sí contaban con el timbre de recepción de la ONEMI estos no presentaban el necesario “certificado de donación” por parte del Ministerio del Interior. Al ser requerida la oficina pública por el ente fiscalizador, ésta admitió que las “mercaderías no correspondían a donaciones, sino a compras efectuadas por esa Oficina”.

Una vez alertada, gracias a un preinforme de la Contraloría, en la Aduana revelaron que “ni la Gerencia de esa empresa, ni la Onemi, ni el Ministerio del Interior, les habían informado sobre esa situación” por lo cual iniciaron las gestiones para regularizar los pagos que se dejaron de percibir por las supuestas donaciones. Por un oficio del 12 de enero pasado, desde la Dirección de Aduana se notificó a Contraloría, que en septiembre de 2010 se había logrado regularizar los pagos por parte de Cencosud, correspondientes a 182 camiones, por un monto de $561 millones.

Dada la gravedad de lo ocurrido, en el mismo oficio citado, la Aduana informó al ente contralor “que se estaban estudiando los antecedentes para establecer si existen responsabilidades de algún orden de los transportistas, consignante o consignatario, en la internación de esas especies, cuyo resultado será comunicado oportunamente”.

Es por ello que la Contraloría llegó a la conclusión que si bien se enmendó la irregularidad cometida, lo ocurrido deja en evidencia “la falta de coordinación existente entre los organismos involucrados, no permitiendo detectar que las mercancias analizadas no correspondían a donaciones, con el inminente riesgo de que situaciones similares hubiesen acontecido con el ingreso de otros cargamentos”.

“Presume contrabando”

En la investigación de la Contraloría se dedica un apartado especial a la sorprendente ausencia de las necesarias Declaraciones de Importación y Pago Simultáneo (DIPS) a raíz de la falta de “Certificados de Donación emitidos por el Ministerio del Interior” en varias aduanas del país. El caso más grave es el de la Metropolitana que no había confeccionado ninguno
al momento de ser requeridos por los efectivos de la Contraloría. Una situación que se repite, pero en menor medida, en Valparaíso, San Antonio, y Los Andes.

Precisamente, por esta última localidad es por donde entraron los camiones de Cencosud sin contar con los certificados de donación correspondientes. En el informe de Contraloría se cita a Ana Valenzuela, jefa del Departamento de Técnicas Aduaneras de Administración de Aduana Los Andes quien afirmó que “mientras no se demuestre que la mercadería llegó a destino, mediante el correspondiente Certificado de Donación emitido por el Ministerio del Interior, ésta se presume como contrabando, entendiéndose como mercaderías perdidas en el país, esto una vez que el Servicio haya ejercido todas las acciones fiscalizadores necesarias para regularizar tal situación”.

Ante el requerimiento de la Contraloría, desde la la Dirección de Aduana se explicó que aún se encontraban gestionando tanto en la división Metropolitana, como en Valparaíso y en Los Andes las correspondientes DIPS. Ante esta situación el fiscalizador, advierte sobre lo anormal que resulta que los Certificados de Donación se estén emitiendo con posterioridad al ingreso de los cargamentos y no como requisito de los mismos. Esto implica, según el informe, “que el Ministerio del Interior no tuviera conocimiento oportuno de las mismas, pues cuando se regularizaron dichos certificados, las donaciones ya habían llegado a su destino, lo que no permitió que se efectuaran las coordinaciones respectivas relativas a la real necesidad y correcta distribución de las donaciones que estaban ingresando al país y a los controles sanitarios y fitosanitarios, que estas requerían”.