Detalles de la primera demanda contra Coca-Cola en Chile

Vía La Hora

En diciembre del 2002 Alejandra González, Elba Morales y María Vera,
funcionarias de la Fundación Integra de Talca, resultaron intoxicadas al
ingerir la famosa gaseosa en una actividad del jardín infantil donde se
desempeñaban.

Mientras los niños jugaban, las tres educadoras compartieron una
bebida de dos litros que había sido comprada minutos antes. Abrieron la
botella y constataron un extraño sabor. Luego se dieron cuenta de que el
líquido también emanaba un olor nada habitual. Inmediatamente llamaron
al número que aparecía en el envase y llegó muy rápido una experta de la
empresa, quien tomó la botella y la retiró del lugar diciendo que sería
periciada.

La situación pasó a mayores pues las mujeres comenzaron a sentirse
mal. Incluso tuvieron que permanecer hospitalizadas en la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS), lugar en el que fueron sometidas a diversos
procedimientos médicos para determinar la gravedad del hecho. “Producto
de los dolores estuvieron un par de meses en tratamiento con muchos
medicamentos. Hasta ahora tienen molestias”, asegura Carmen Julia
Vergara, abogada de las mujeres.

María Vera, una de las afectadas, señaló a La Hora
que las muestras de las bebidas rescatadas de los vasos donde las
consumieron fueron enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP) cuyos
análisis arrojaron la presencia de plaguicidas y otros productos también
tóxicos, pero no se pudieron especificar. De la empresa “sólo recibimos
las disculpas del caso y la explicación de que lo que nos afectó sólo
era un error humano, ofreciéndonos bebidas y bolsos a modo de compensar
el mal rato”, indicó.

Para ellas, la reacción de Coca-Cola fue una simple justificación y
los reparaciones ofrecidas “no venían al caso” y por eso se hizo la
denuncia correspondiente al Sernac. “Efectuamos todos los reclamos que
pudimos ante las instituciones correspondientes, pero nadie hizo nada,
prefiriendo bajarle el perfil a lo sucedido y dando abiertamente la
impresión de querer cuidar y proteger la imagen en vez de preocuparse de
las consecuencias de la salud y vida de tres chilenas”, sostiene.

Con los antecedentes, en el 2003 presentaron una demanda en el
juzgado de policía local que no tuvo resultados. “El daño hecho fue
acreditado, pero la empresa evadió la responsabilidad e intentó la
reparación con regalías. Trataron de ocultar información”, acusa la
abogada.

Finalmente en el 2005 decidieron presentar una demanda civil contra
Embotelladora Embonor, que en Chile es la encargada de almacenar el
brebaje.

La acción terminó en diciembre del año pasado con una sentencia donde
se dictamina que la empresa deberá pagar una indemnización, los costos
del juicio y los gastos médicos en que hayan incurridos las demandantes.