Corte Penal Internacional pide órdenes de arresto contra Gaddafi y uno de sus hijos

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, ha solicitado hoy órdenes de arresto contra el líder libio, Muamar al Gaddafi; su hijo Saif al Islam y el director de la inteligencia militar del régimen, su cuñado Abdulá al Senusi, por supuestos crímenes de lesa humanidad.

En una rueda de prensa, Ocampo ha asegurado contar con pruebas que muestran que Gaddafi ordenó “personalmente” ataques contra civiles y sigue haciéndolo en estos momentos.

Según el fiscal, las fuerzas del régimen “atacaron a gente en sus casas y las vías públicas, dispararon a manifestantes con fuego real, usaron armamento pesado contra participantes en funerales y situaron francotiradores para matar a los supervivientes”.

Ocampo ha explicado que Gaddafi trata con ello de “preservar su autoridad absoluta”, un poder que está utilizando para ordenar acciones que, para la Fiscalía, suponen “crímenes contra la humanidad”.

Las investigaciones del fiscal y su equipo han concluido que el coronel confía en su “círculo más íntimo” y por ello Ocampo ha solicitado hoy a los jueces de la CPI la emisión de órdenes de arresto contra su hijo y su cuñado.

Saif al Islam -considerado antes del estallido del conflicto como el sucesor de Gaddafi- es, según Ocampo, el “primer ministro de facto” en Libia.

Mientras, Abdulá al Senusi -casado con una hermana del líder- es la “mano derecha” del dictador y el “ejecutor” de sus órdenes desde su puesto como jefe de la inteligencia.

Anteriormente, Senusi fue condenado en rebeldía a perpetuidad por su implicación en el derribo de un avión de Pan Am sobre la localidad escocesa de Lockerbie.

Según Ocampo, la Fiscalía se ha centrado en los principales responsables de la represión, lo que no excluye que haya otros culpables.

Además, ha desmentido los rumores de que tuviese intención de pedir también el arresto de Saif al Arab, el hijo de Gaddafi supuestamente muerto en un ataque de la OTAN.

Ahora corresponde a los jueces del Tribunal emitir las órdenes de arresto, denegarlas o solicitar más información a la Fiscalía.

El proceso podría durar semanas o incluso meses, aunque el caso de Libia se caracteriza por su rapidez, pues solo hace dos meses y medio que se iniciaron las investigaciones.

Según Ocampo, dada la cantidad de pruebas que ha recopilado, la Fiscalía está ya “casi lista para el juicio”.

El fiscal ha confiado en que, a pesar de la compleja situación del país, Libia colabore para ejecutar las órdenes de arresto si finalmente los jueces las aprueban.

La de Libia es la segunda investigación abierta por la CPI a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2005 solicitó al tribunal analizar presuntos crímenes de guerra en la región sudanesa de Darfur.