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8 de Diciembre de 2010

Informe judicial de cárcel de San Miguel revela escaso personal para cuidar a reos

Sólo 100 gendarmes, divididos en tres turnos cuidaban de los 1.924 internos de la Cárcel de San Miguel; así lo establece el último informe elaborado por la Corte de Apelaciones, sobre la situación de los penales de esa jurisdicción. 

 

Por Redacción
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Sólo 100 gendarmes, divididos en tres turnos cuidaban de los 1.924 internos de la Cárcel de San Miguel; así lo establece el último informe elaborado por la Corte de Apelaciones, sobre la situación de los penales de esa jurisdicción. 

 

El informe evacuado por la ministro Ana María Arratia Valdebenito, con fecha 14 de octubre, advierte que en la Torre 5 donde se produjo el incendio esta madrugada, habita un total de 484 reos primerizos condenados, rematados o detenidos, de todos los niveles de compromiso delictual. 

 

El informe de la magistrado concluye que el recinto penal “es sucio, húmedo y maloliente”, además que no existía mayor disciplina por parte de la guardia penitenciaria para establecer un orden al momento del descanso de los internos. 

 

También asegura que en cada piso del penal sólo se cuenta con un baño, consistente en tres inodoros, dos duchas y un lavadero, lo que “resulta insuficiente para la cantidad de internos que habitan en cada piso, que son aproximadamente 100”. 

 

En el texto también se da cuenta de múltiples reclamos de reos sobre su situación carcelaria personal. Específicamente sobre la escasa preocupación por parte de los abogados de sus causas ya sea de la Corporación de Asistencia Judicial o de la Defensoría Penal Pública, a quienes acusan de no conocer sus procesos o bien de no visitarlos para informarles de su situación. 

 

Hay a lo menos cuatro casos de presos que se quejan de que han pasado más días en prisión preventiva de lo que estableció el tribunal como tiempo para la investigación. Como el caso de Erasmo Carlos Fuenzalida Maldonado, quien ha permanecido en prisión preventiva por el delito de amenazas durante 90 días, a pesar de que el tribunal decretó un plazo de investigación de 60 días.

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