El dramático mapa del hacinamiento en las cárceles chilenas

En el incendio que ayer costó la vida a 81 reclusos de la cárcel de San Miguel no sólo quedaron en evidencias las condiciones en las que vivían las víctimas, sino que el drama de todo un sistema penitenciario. Según admiten desde el Gobierno, la sobrepoblación carcelaria nacional asciende a 70%, llegando, en el caso más dramático, el de la ex Penitenciaria, al 200%. Gran parte de estos números se explica ya que el colectivo atendido por Gendarmería pasó de 60.990 personas en 1998 a 106.877 en 2009, es decir un crecimiento del 75%. 

 

Llevado a tasas de presos por 100.000 habitantes, la situación es aún más desalentadora. Si hace diez años, ésta alcanzaba a los 220, hoy ya llega a 318. En otras palabras, la población penal recluida ha aumentado en mucho mayor medida que la población general del país. De esta forma, bien se podría decir que en Chile ya hay 1 reo por cada 334 habitantes, una tasa que no deja de sorprender si se considera que en países con mayor tasa delictual las estadísticas son menores. Ese es el caso de Brasil con 1 por cada 450; Argentina, 1 por cada 660; o Colombia, 1 por cada 665.

 

Más alla de que la mitad de las condenas en Chile termine en castigos privativos de libertad, lo cierto es que hay algunos factores que han agudizado esta situación. Entre ellos, según detalla el Informe del Consejo para la Reforma Penitenciaria presentado en marzo, se encuentra el considerable incremento de las sentencias tras la reforma procesal penal. De las 35.000 condenas que se registraban en 1999 se pasó a 215.000 en 2008, es decir se multiplicaron por seis.

 

A esta situación, agrega el documento, hay que añadir que en los últimos años ha disminuido el otorgamiento de la libertad condicional y de beneficios intrapenitenciarios “favoreciendo aún más la congestión y sobrepoblación penal”. Esto se explicaría, apunta el estudio, “a la falta de preparación de las comisiones de libertad condicional en materias vinculadas con la ejecución penal”, a lo que habría que sumar  “razones de carácter político al ser los Seremis de justicia, los últimos llamados a pronunciarse”.

 

Y otra razón -quizás no la mayor pero sí una de las más llamativas- es la relacionada con el traslado de internos a los centros de educación y trabajo. Si bien los cupos en estos centros son bastante reducidos, con algo más de 700 plazas, nunca han logrado completar su capacidad a pesar del hacinamiento existente. Por último, no hay que olvidar que en años recientes diversas modificaciones legales han aumentado la población en las cárceles al endurecer penas en delitos relacionados con el narcotráfico, el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, la violencia intrafamiliar, la reincidencia, o el abuso sexual de menores, entre otras.

Llegados a esta situación, no es difícil imaginarse las consecuencias. Por un lado, las duras condiciones de vida al interior de los recintos (ver nota relacionada) y por otro, la ausencia de segmentación y la baja proporción de vigilantes en relación a los reclusos. En este último punto, se llega a un promedio nacional de casi 5 presos por gendarme, lo que representa sólo una media ya que existen casos como el de la cárcel de San Miguel donde se agrupan 19 internos por cada funcionario.

 

En este escenario, no resultan extraños los cuadros de violencia. Si durante el  2008 fallecieron 30 internos por riñas al interior de los penales de Santiago, sólo en el primer semestre de 2009 murieron la misma cantidad de personas por similares motivos. Dicha realidad se torna aún más preocupante si se considera que el 35% de la población reclusa masculina en Chile, en cifras de 2008, estaba presa sin aún haber recibido condena. 

 

Esta animación muestra algunos de los casos más graves de hacinamiento en las 95 cárceles del país. Para el año 2009, se utilizó como fuente el Informe al Senado de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema Mónica Maldonado y para el resto de los años el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la UDP desde 2005 a 2008. 

 

 

 

Nota: Este artículo y el mapa interactivo que lo acompaña se han realizado con información del Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile, “Recomendaciones para la Reforma Penitenciaria” del Consejo para la Reforma Penitenciaria de marzo de 2010, Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la UDP desde 2005 a 2008, Informe al Senado de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema Mónica Maldonado de junio de 2009, y  “La cárcel: problemas y desafíos para las Américas”, de Lucía Dammert y Liza Zúñiga para Flacso en 2008.