Hermosilla: "Sectores progresistas de la Concertación se compraron discurso de la derecha"

Juan Pablo Hermosilla sabe de lo que habla cuando se refiere a la política penitenciaria del país de los últimos 20 años. Lo hace desde la práctica, en su condición de abogado y profesor de derecho penal de la UDP, y desde la política como ex vocero de Océanos Azules, grupo programático de la fallida candidatura de Eduardo Frei. Y no ahorra críticas hacia el entonces conglomerado oficialista y hacia decisiones, que afirma, estuvieron inspiradas en argumentos errados.

 

– ¿Qué le pasó a Chile para llegar a la situación que vivimos ayer? ¿Por qué encabezamos la lista de países con más presos por habitante?

– Los sectores más progresistas de la Concertación se compraron el discurso de la derecha y e incurrieron en políticas criminales y carcelarias represivas. Fue una alianza expresa entre ciertos sectores concertacionistas y la Alianza. En la práctica, significó, en los últimos 15 años, duplicar la población carcelaria, lo cual deterioró el interior de los centros penitenciarios y pasó a llevar los derechos de los delincuentes. 

 

 

– ¿Se refiere a posiciones similares a las que han defendido personas como el senador RN, Alberto Espina?

– Hace 15 años, los políticos se dieron cuenta que se puede manipular gente. Comenzaron a exagerar, a conseguir nuevos adherentes, primero desde la derecha, pero luego, rápidamente, también desde de la Concertación. Han hecho campañas políticas del terror, basadas en el temor a la delincuencia. Se ha terminado por deshumanizar a los supuestos delincuentes, quienes se transforman en individuos eliminados de la sociedad, verdaderos enemigos sociales.

 

 

– A mediados de los noventa, la clase política estaba muy interesada en replicar el modelo de “tolerancia cero” del entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani…

– ¡Pero es ridículo! Chile no es México ni el Salvador ni Venezuela ni Colombia. Aquí había espacio para desarrollar programas serios de reinserción social, de políticas que produjeran paz social e impidieran el desarrollo de espirales de violencia.

 

 

– ¿Por qué la Concertación, que tenía una imagen negativa de las cárceles como entes de represión y tortura, adopta un discurso conservador y lo transforma en un tema político?

– Hay una especie de compromiso subterráneo neoliberal económico en materia de delincuencia. Hay una traición a los principios democráticos. Para la Concertación, el tratamiento de menores y adultos en conflictividad social era una de las áreas más sensibles. Pero también era crítico la correcta administración del Estado. Entonces, en lugar de reparar, terminó por agravar el problema, generando un futuro de más violencia.

 

 

– ¿La cercanía de la Concertación con iniciativas como Paz Ciudadana es una muestra de ese nuevo compromiso del que habla?

– Por supuesto, es cosa de ver la alianza entre Agustín Edwards -presidente del directorio de Paz Ciudadana- con la élite de la Concertación desde comienzos de los noventa. Y aquí están las consecuencias. No hubo un programa alternativo, ni una propuesta democrática y respetuosa con los derechos humanos. Por un lado, se encarcela a personas en condiciones que no son humanas y, por otro, a más de las que se debería. 

 

 

– ¿A qué se refiere?

– Chile tiene el nivel más bajo de criminalidad y violencia del continente, entonces ¿por qué tenemos tasas más altas que Brasil y México en materia de encarcelamiento? La Historia va a ser extremadamente dura con los políticos de la Concertación. Los políticos de derecha, por último, son de derecha, pero los progresistas se compraron el discurso completo y lo implementaron. Hay ámplios sectores de la Concertación que han sido indolentes frente a la situación y han mirado para otro lado.

 

 

– ¿A quiénes apunta específicamente?

– En la administración de la justicia penal en todos los gobiernos de la Concertación pasó lo mismo. Se nos olvida que hace unos años, hubo un incidente similar en un centro del Sename, en el que murieron muchos jóvenes. Nos horrorizamos, pero rápidamente se nos olvidó. Es una política que ha estigmatizado a ciertos sectores sociales y ha logrado convertirlos en objetos de una violencia desmesurada por parte del Estado. No sólo se ha encarcelado en situaciones que no merecían cárcel, sino que también se ha producido un deterioro de derechos, donde se expone a los reclusos a la muerte, a una violencia desatada. En el fondo, son degradados como seres humanos y eso es una irresponsabilidad ética y judicial del Estado, que espero traiga consecuencias. El Estado debe responder política y criminalmente.

 

 

-¿La reforma Procesal Penal cambió en algo esta situación?

– Esa iniciativa tiene muchos lados buenos, pero en la práctica, ha significado un aumento en las tasas de encarcelamiento. Además de un endurecimiento desproporcionado de las leyes penales, le mintió a la sociedad porque no logró detener la violencia.

 

 

– ¿El programa judicial que ofrecía Sebastián Piñera es más de lo mismo?

– Es la continuación del programa de la Concertación, no hay gran cambio. Continuaron con una política ineficiente y aberrante destinada a segregar a sectores marginales y remarginalizarlos. Las consecuencias las estamos viendo hace un tiempo y creo que van a traer repercusiones no sólo éticas. El Estado debe responder de esos actos de abuso de poder. A la larga, en Chile, el estar encarcelado se ha convertido en una pena de muerte.