Parlamento realiza propuesta transversal para mejorar la educación

El presidente del Senado, Guido Girardi, junto al vicepresidente Juan Pablo Letelier y el presidente de la Cámara, Patricio Melero, presentaron esta mañana una agenda de trabajo para una mesa política-social por la “Reforma de la Educación en Chile”.

El anuncio fue hecho en compañía de los jefes de bancada Andrés Zaldivar (DC), Lily Pérez (RN), Hernán Larraín (UDI), el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana (PPD) y de la Cámara, María José Hoffman (UDI).

Girardi aseguró que esta propuesta es una “invitación a todos los actores, esta mesa tiene tres áreas: el Congreso, el movimiento estudiantil con los rectores y el Gobierno. Queremos invitar a un gran diálogo nacional y ofrecer el Congreso Nacional como escenario para que este diálogo sea efectivo”.

Por su parte, Patricio Melero llamó “a pasar de la calle al Parlamento, de las tomas al diálogo”.

Los parlamentarios indicaron que esta propuesta toma la agenda del movimiento social y responde a cada uno de los puntos planteados por los estudiantes al Congreso.

“Estamos tomando todos los puntos concretos del movimiento estudiantil, están todos incorporados, ojala mañana podamos sentarnos en una mesa donde el Congreso sea garante de que todas las posturas y que éstas tengan la misma ponderación”, explicó Girardi.

La propuesta parlamentaria titulada “Agenda de Trabajo; Mesa Política-Social por la Reforma de la Educación en Chile, respuesta al Acuerdo Político Social por la Educación”, contempla cuatro grandes áreas sobre las cuales avanzar: reforma constitucional, educación pre-escolar, educación escolar y educación superior.

En el documento se propone la desmunicipalización de la educación escolar, un nuevo sistema de financiamiento de la educación escolar, una nueva carrera docente que perfeccione el estatuto vigente, un mejor sistema de regulación de los establecimiento subvencionados, un plan nacional de reconstrucción, la democratización de las organizaciones estudiantiles, el transporte escolar, nuevas normas de administración y gestión de las universidades estatales, un nuevo sistema de acceso a la educación superior, nuevo sistema de financiamiento, una nueva institucionalidad y la prohibición del lucro, entre otros.

Las diferencias con respecto a la propuesta del Gobierno son la consagración de la calidad de la educación como un derecho fundamental en la Constitución y la incorporación de la educación superior en éste.

Además, plantea que la desmunicipalización se efectúe sin pre requisito, el término del auto financiamiento en la educación superior, el análisis y revisión del finaciamiento compartido, y la evaluación de la pertinencia de entrega de recursos fiscales a estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica.