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11 de Agosto de 2011

Contraloría investiga nuevas irregularidades en el Consejo de la Cultura

El ente fiscalizador está analizando la contratación de una asesoría y la compra de un software sin licitación. Ambos procedimientos fueron determinados por el subdirector del organismo Gonzalo Martín de Marco.

Por Redacción
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Una nueva investigación por parte de Contraloría deberá enfrentar el subdirector del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) Gonzalo Martín de Marco, esta vez por irregularidades en la contratación de una asesoría y la compra de un software sin licitación mediante ChileCompra.

El primer cuestionamiento al subdirector del CNCA se produce con el contrató la asesoría con IMG Consultores, el que Martín de Marco decide realizar aún cuando el jefe del Departamento Jurídico de la institución, Felipe Montero, le manifestó ciertos problemas en el decreto que permitía dicha contratación.

Sin embargo, según consigna hoy The Clinic, el subdirector optó por acelerar el procedimiento basándose en que no existen profesionales con experiencia en actividades evaluadoras en el mercado.

La otra arista de la investigación es la compra de elementos computaciones a la compañía Adexus por un total de $65 millones, la que se realizó en dos partidas con cinco días de diferencia para evitar la licitación en el portal de ChileCompras. Un antecedente a tener en cuenta es que Martín de Marco trabajó como gerente de la empresa, según consta en su currículum publicado en el sitio web del CNCA.

La Contraloría está analizado además otro contrato directo realizado por Martín de Marco con la empresa ECM Consulting por $86 millones, para la compra de un software. Por alto monto de la transacción está debería haber paso por licitación.

Martín de Marco ya había sido cuestionado por la Contraloría luego de la contratación de Ángel Navarro Manríquez como asesor, para gestionar publicidad y coordinar las cuestas corrientes del CNCA del Banco Estado. Por esta última labor Navarro Manríquez percibió como pago $ 27 millones, aunque por dictámenes del órgano fiscalizador está prohibido.

 

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