Subsecretaría del Interior dice "no" al Consejo Para la Transparencia y desata dura pugna
La repartición que dirige Rodrigo Ubilla, se niega a entregar información sobre las razones que gatillaron que la gobernación provincial de Melipilla restituyera al ministerio $305 millones que eran para labores de reconstrucción. Ante la negativa de la cartera, lo más probable es que el tema se zanje en tribunales.
En una directa medición de fuerzas están enfrascados por estos días el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia y el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla. ¿La razón? La negativa del segundo a revelar por qué el Ejecutivo ordenó a la gobernación provincial de Melipilla devolver $305 millones que le habían sido asignados para las labores de reconstrucción después del terremoto.
Luego que el 8 de febrero se conociera la devolución de los fondos a través de un informe de la Controlaría, el alcalde Mario Gebauer (PPD) pidió al gobierno una explicación. Sin embargo, la respuesta de la repartición de Ubilla fue un no categórico e, invocando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, sentenció que “dar a conocer dichos antecedentes vulneraba la esfera de la vida privada” de las autoridades.
Frente a tal respuesta, Gebauer recurrió al Consejo para la Transparencia que sí consideró que corresponde la entrega de información por parte de la repartición de Ubilla.
Así las cosas, la entidad que dirige Raúl Urrutia ordenó a la subsecretaría del Interior, en la decisión del amparo rol C 406-11, facilitar copia de los mails sobre los fondos entregados a la gobernación provincial de Melipilla -tras la emergencia producida por el terremoto del 27 de febrero de 2010-, además de las rendiciones de gastos y eventuales órdenes de devolución de dinero que hiciera el ministerio que encabeza Rodrigo Hinzpeter.
Ni el tono ni la instrucción cayeron bien en La Moneda. Así se desprende de la dura respuesta que Ubilla emitió el 3 de agosto pasado para defender su postura. “Cuando el artículo 34 de la Ley 20.285 dispone que el Consejo puede solicitar la colaboración de los órganos del Estado para el ejercicio de sus atribuciones, no otorga a esa entidad una potestad que implique una obligación correlativa de parte de los servicios públicos requeridos”, afirmó en un oficio enviado por la subsecretaría al organismo que dirige Raúl Urrutia, cuando éste le pidió una medida para resolver el problema.
En el oficio el subsecretario agregó que “es posible concluir que el Consejo Para la Transparencia carece de las atribuciones expresas para requerir con carácter obligatorio a esta Secretaría de Estado la documentación que pretende, porque no está al margen de las disposiciones que sobre reserva o secreto contempla la normativa constitucional y legal vigente reconocidas en los numerales 4 y 5 del artículo 19, de la Carta Fundamental”.
Tal es la molestia que, de hecho fuentes de Palacio sostienen que Ubilla hoy evalúa interponer un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones o recurrir al Tribunal Constitucional.
Frente a la polémica, el alcalde Gebauer insiste en que necesita conocer las razones de esta determinación del Ejecutivo. “Nosotros queríamos y queremos saber quién ordenó que ese dinero volviera al ministerio”, dice mientras asegura que su comuna fue la más afectada de la Región Metropolitana con el terremoto.
“Tuvimos que destinar todos nuestros recursos para ayudar a las 2 mil 700 familias damnificadas en Melipilla”, subraya la autoridad, que recalca que el municipio se vio en la obligación de suspender todos sus programas para darle una mano a los vecinos. De ahí que no entienda
Fricciones con el Consejo
Esta no es la primera oportunidad en que una secretaría de Estado y el Consejo Para la Transparencia se enfrascan en una disputa.
Una polémica similar se vivió en junio pasado cuando CPLT obligó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) -dependiente del Ministerio de Agricultura- a entregar documentación técnica sobre el proceso de aprobación de HidroAysén, además de los correos electrónicos entre los funcionarios involucrados en la evaluación de la iniciativa.
Otro episodio se registró cuando el Ministerio de Defensa se negó a dar a conocer cuánto había gastado en la adquisición de un puente mecano para la Región del Biobío. En esa ocasión, la polémica terminó con la salida de Jaime Ravinet de la cartera.
