Senadores opositores cuestionan procedimientos de selección en último informe Valech

Debido a que la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, desechó más de 22 mil casos en el país, en el informe del pasado 26 de agosto, un grupo de senadores opositores pedirán al Ejecutivo que legisle al respecto.

Los legisladores son: Isabel Allende, Ximena Rincón, Camilo Escalona, Eduardo Frei, José Antonio Gómez, Ricardo Lagos Weber, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma e Ignacio Walker.

Dicha solicitud, que será realizada mediante un proyecto de acuerdo, insta al Ejecutivo para que envíe un proyecto de ley al Congreso y que imponga a la Comisión Asesora las obligaciones de complementar su informe, explicando las razones por las que un alto número de casos fue rechazado, y las justificaciones que ameritan, en opinión de sus integrantes, otorgar beneficios a personas que tuvieron la condición de victimarias y la calidad de reos condenados por delitos contra la humanidad, y comunicar las razones por las que rechazó, a cada solicitante, la calificación solicitada.

Asimismo, el texto legal solicita también a la Cámara de Diputados, para que “en uso de sus facultades constitucionales de fiscalización de los actos de gobierno, pida todos los antecedentes acerca del funcionamiento de dicha Comisión Asesora, creada por el artículo 3 transitorio de la Ley 20.405, y en especial las actas de las sesiones de la Comisión, con la finalidad de determinar si el trabajo realizado por dicha órgano cumplió con el mandato legal, y determinar las eventuales responsabilidades que puedan surgir”.

Precisa también que es necesario establecer “ante la opinión pública, que dicha Comisión Asesora tuvo las mismas competencias, facultades y prerrogativas que sus antecesoras comisiones Rettig y Valech, y aún más, pudiendo recabar la información de lo obrado por sus antecesoras en los mismos cometidos”.

Por su parte, el senador Jaime Quintana (PPD), uno de los autores del proyecto de acuerdo, realizó una dura crítica a dicha Comisión Asesora y cuestionó que la instancia destinara -según dijo- un poco más de 1 minuto para conocer, analizar y calificar cada uno de los 32.453 casos que fueron presentados en el país.

Aseguró que “es imposible que en este mínimo lapso de tiempo, cualquier persona pueda fundar su convicción moral para aprobar o rechazar la condición de víctima de la represión vivida en Chile por agentes del Estado”.

Agregó que “muchas organizaciones de Derechos Humanos tienen entre sus integrantes a personas que estuvieron detenidas en recintos emblemáticos, como el Estado Nacional y aún así no fueron incorporados en la última entrega del informe Valech”.

El legislador argumentó que “esta instancia no estuvo a la altura del imperativo ético que le encomendó el Estado de Chile y se transformó en una ‘comisión express’ que desechó más de 22 mil casos a lo largo de todo el país”.