Justicia falló contra el Estado por muerte en el tsunami del 27F
El Estado deberá desembolsar 10 millones de pesos a los familiares de un chofer de taxibuses de Chiguayante que confió en el llamado de las autoridades que descartaron consecuencias producto del terremoto del 2010.
Una indemnización de 10 millones de pesos deberá cancelar el Estado a la familia de un chofer de taxibuses de Chiguayante que murió el 27 de febrero por confiar en el llamado de las autoridades que descartaron un tsunami luego del terremoto.
La resolución corrió por cuenta del Tercer Juzgado Civil de Concepción, entidad que consideró que existían las pruebas suficientes para que el fallecido, Luis Soto Repiso, decididera conducir por la Ruta Interportuaria tras haberse enterado, por medio de una radio, de que no había peligro de tsunami en un mensaje entregado por Jaime Tohá, intendente de la época, según constató Emol.
Carola Rivas Vargas, la jueza que dictó la sentencia, estableció que se puede constituir la causal de falta de servicio por esta situación, agregando que “todos quienes nos encontrábamos la madrugada del 27 de febrero en la comuna de Concepción y sus alrededores escuchamos el llamado de la autoridad a volver a las casas, puesto que no había alerta de maremoto, circunstancia que al día de hoy constituye un hecho público y notorio”.
Luis Soto Repiso, quien se desempeñaba como chofer de la línea Expresos Chiguayante, falleció tras haber recibido el impacto de la ola en la Ruta Interportuaria cuando se dirigía a buscar a su esposa y su hijo menor que estaba en la casa de otra de sus hijas en el sector Brisas del Mar.
