La demanda por discriminación que llevó a la Universidad de los Andes a Tribunales

El pasado 20 de septiembre la Universidad de los Andes cerró uno de sus capítulos más incómodos.Y lo hizo donde muchas instituciones prestigiosas suelen hacerlo: en tribunales, con abogados de por medio y, particularmente en este caso, con un acuerdo de conciliación que mediante el pago de tres millones de pesos logró poner fin al juicio y cerrar definitivamente incómodos cuatro meses de conflicto judicial.

La historia se comenzó a tejer el  31 de mayo de 2011, cuando Marcela Raveau Benítez, hasta entonces coordinadora académica de la Escuela de Psicología de esa casa de estudios fue despedida por la causal de “necesidades de la empresa”, determinación que gatilló una embestida judicial de la afectada por “discriminación” e “intromisión a su vida privada”.

¿La razón? Raveau aseguró ante el 1er Juzgado de Letras del trabajo de Santiago que la causal real de su despido fue haber entablado una relación sentimental y luego una convivencia con un hombre separado. Un hecho, que según la afectada, le significó  meses de hostigamiento laboral en la casa de estudios ligada al Opus Dei y de recomendaciones extremas, como evitar “almuerzos con hombres separados”.

La confesión

El incómodo episodio, según consta en la declaración judicial de Raveau a la cual tuvo acceso El Dínamo, comenzó cuando la funcionaria acudió  al sacerdote José Miguel Ibañez Langlois -académico de la misma facultad-  para confesarse y comentarle el inicio de su relación sentimental con el primo de una amiga que estaba separado hacía varios años, frente a lo cual -dice- el sacerdote enfatizó que era perentorio que el aludido iniciara los trámites de la nulidad eclesiástica.

“Para mi sorpresa, inmediatamente al día siguiente de haberme confesado, la Directora (María Elena Larraín) me preguntó si era efectivo que mantenía una relación sentimental con un hombre separado. (..)  Lo sucedido resultaba evidente: el sacerdote con el cual me había confesado el día anterior había violado su deber de guardar secreto (…)”, dice Raveau en su declaración en un proceso en el que fue representada por el abogado Iván Harasic.

“En virtud de la información que el sacerdote José Miguel Ibañez le había proporcionado a la Directora, ésta me informó que dado que mantenía una relación con un hombre separado, debía dejar mi puesto de trabajo en la Universidad. Evidentemente me negué a ello, manifestándole a la Directora mi profunda extrañeza ante la petición efectuada, no sólo porque suponía una abierta intromisión a mi vida privada, sino que además porque constituía un acto claramente discriminatorio”.

Según el relato de Raveau, Larraín le indicó que su permanencia en la Universidad quedaba en entredicho, y que el tema se tendría que analizar en el Consejo de la Escuela, que integraba entre otros ella misma y el propio sacerdote que la confesó.

La demandante aseguró que dicha instancia decidió mantenerla en su cargo, recalcando que se estaba haciendo una “excepción” con ella. “Recuerdo como en aquella oportunidad la Directora me expresó que por “por un lado, veía  la Marcela Raveau pecadora, pero por el otro, veía a una Marcela Raveau trabajadora, inteligente, cumplidora y comprometida”. y que eran estas últimas características suyas las que habían pesado para que se mantuviera en el puesto”, dice la declaración.

El relato, sin embargo, asegura que Larraín le recalcó que su permanencia tenía una condición: “La Directora me exigió que el día que yo decidiera irme a vivir con mi pareja, tendría que contárselo inmediatamente, manteniéndola informada de las decisiones que fuera adoptando en el camino”.

Y ese día llegó. Dos años después, su pareja vendió su casa y arrendaron un departamento para vivir juntos. “Esta decisión significaría mi ulterior despido de la Universidad”, concluye Raveau en el documento judicial, donde señala que fue ella misma quien, antes de que se enterara por otro lado,  optó por contarle a Larraín su decisión.

La respuesta, según asegura la afectada, no se hizo esperar. “El viernes 27 de mayo, finalmente nos cambiamos con mi pareja al nuevo departamento recién adquirido. Para mi sorpresa, el día lunes 30 de mayo del 2011, la directora me indicó que sería desvinculada formalmente de la univeridad”.

En su declaración, la ex funcionaria de la Universidad de los Andes reafirma que su despido no tuvo relación alguna con su desempeño profesional, pues en su última calificación, fechada el 29 de diciembre de 2010, fue evaluada con un  120% de rendimiento, que se según la escala de esa  casa de estudios, se entrega a los profesionales de “excepción”.

“Fue por ello que , con toda seguridad, le pregunté derechamente a la Directora cuál era la razón de mi despido. Ella simplemente me contestó que yo sabía que la única razón era que yo, además de mantener una relación con un hombre separado, me había ido a vivir con él. “Tu sabes que no hay otra razón”, me señaló en esa oportunidad, dice la ex secretaria.

La respuesta motivó la presentación de la acción judicial bajo las consideraciones legales de infringir el debido respeto a la vida privada y actos discriminatorios que atentan contra el derecho de igualdad, hostigamiento laboral y violación de la comunicación privada dada en contexto de confesión religiosa. “Vengo en interponer denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales (específicamente, por actos que infringieron mi vida privada, que fueron abiertamente discriminatorios y que constituyeron un hostigamiento ilegítimo en contra de mi persona”, dice Raveau en su declaración.

La versión de la Universidad

En su respuesta, la Universidad de los Andes, representada por el abogado Juan Ignacio Correa Amunátegui, refuta en 14 puntos las acusaciones de la ex coordinadora académica de la Escuela de Psicología.

Particularmente sostiene que “es falso que la directora de la Escuela de Psicología se informó de la relación de pareja de la señora Raveau a través del sacerdote José Miguel Ibáñez; que es falso que la Directora de la Escuela de Psicología le comunicara al día siguiente de haberse informado de la relación de pareja de la señora Raveau que ella debía dejar su puesto de trabajo”; y que también “es falso que debía informarle su determinación de vivir con su pareja y, por, cierto, que también es falso que la directora le manifestara a Raveau que la razón de su despido era su convivencia de pareja”.

La versión de la Universidad sobre los hechos dista de la expresada por la ex funcionaria. Así, el representante legal de la casa de estudios señala que los dichos de  Raveau sobre su  despido son “del todo incompletos, en particular caracterizados por un burdo manejo de la verdad. Efectuada – de seguro- con el objeto de adecuar esa fabulación a los requerimientos procesales de la ley…”.

Y luego se extiende sobre las razones que habría tenido la Universidad para remover a la funcionaria y las circunstancias en que ocurrió: “En su decisión influyó decisivamente el germen del conflicto que incubaba la actuación de la actora en su interacción. Hechos o procederes que contrariaban el explícito y transparente ideario de la UDEA. Entre estas, se advierten una serie de reflexiones sobre la idea de que en la UDEA eran muy rígidos, exagerados en las formas y muy exigentes en temas morales y reglamentarios…se fue creando con los alumnos una complicidad inadecuada…”

Consultado por este medio, Universidad de los Andes recalcó que “la contestación a la demanda contiene todos los argumentos de la Universidad, donde se responden cada uno de los hechos que en su momento se le imputaron”. Y agrega que “en la audiencia preparatoria al juicio, y a instancia de la misma Jueza, las partes realizaron una conciliación, con la cual el caso quedó definitivamente cerrado”. De hecho, a través de su departamento de Comunicaciones, se aseguró que esta postura era compartida por todos los involucrados en el caso quienes no harían declaraciones sobre el tema.

Por su parte, el abogado de Libertades Públicas A.G, Iván Harasic, quien representó a Raveau, declinó comentar a este medio el caso por expresa solicitud de su clienta. En el expediente, sin embargo, consta la posterior recepción del cheque  que dio cumplimiento a la conciliación de las partes y cerró judicialmente el incómodo episodio.