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11 de Octubre de 2011

Jueces de la Corte Suprema: No resulta concebible dos clases distintas de justicia en Chile

La supresión total de esta jurisdicción haría que casos como la muerte de Manuel Gutiérrez, joven abatido en Macul por un tiro presuntamente percutado por un carabinero, sea un fiscal del Ministerio Público quien lo indague y no un fiscal castrense como es el caso.

Por Redacción
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7 ministros de la Corte Suprema dieron a conocer al Senado un informe que revela su postura frente a la existencia de tribunales militares en Chile. “En la actualidad, salvo en aspectos netamente disciplinarios, no se vislumbran razones que justifiquen la existencia de la jurisdicción penal militar en tiempos de paz”, asegura el texto.

El presidente de la Suprema Milton Juica, integrante del informe, expresó que en “un Estado democrático de derecho no resulta concebible que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia”.

El texto señala que “para algunos, (hay una justicia) impartida por un órgano independiente del persecutor, oportuna, fundada en un procedimiento esencialmente oral, acusatorio; y para otros, una impartida por un órgano vinculado de manera estrecha con el que investiga y, por consiguiente, en la que se ven afectados los principios de imparcialidad e independencia, además de aparecer en la actualidad tardía, sustentada en un proceso escrito e inquisitivo”.

El informe, evacuado al Congreso, y en el que los magistrados manifiestan su opinión, se refiere a un proyecto de ley en el que se explicita que los menores de edad, que sean soldados, al igual que los civiles, no serán juzgados por tribunales militares sino por la fiscalía a través de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En este sentido, afirma Emol, más allá de que los civiles ya no son juzgados por tribunales militares, la supresión total de esta jurisdicción haría que casos como la muerte de Manuel Gutiérrez, joven abatido en Macul por un tiro presuntamente percutado por un carabinero, sea un fiscal del Ministerio Público quien lo indague y no un fiscal castrense como es el caso.

 

 

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