Ministro Ribera: fallos tras detenidos por desórdenes condicionarán ascensos de los jueces
Agregó que "si los estándares exigidos por algunos magistrados exceden lo prudente y lo racional y, en definitiva, dejan en la indefensión a la ciudadanía, es tan peligroso como aquellos jueces que sólo promocionan el interés colectivo y dejan en indefensión a los imputados".
El Gobierno revisará los fallos de los jueces de garantía ante los detenidos por disturbios y ataques a Carabineros antes de decidir su promoción. Así lo afirmó esta mañana el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
El secretario de estado hizo estas declaraciones durante una actividad del Sename en la comuna de San Joaquín, según reporta Radio Cooperativa. Allí señaló que el Gobierno ya está “cansado” de que los responsables de desórdenes públicos y agresiones a la fuerza pública queden en libertad con tanta facilidad. Dijo que no buscan jueces “autoritarios”, pero que tampoco avalará las actuaciones de magistrados “ultragarantistas”
Agregó que “si los estándares exigidos por algunos magistrados exceden lo prudente y lo racional y, en definitiva, dejan en la indefensión a la ciudadanía, es tan peligroso como aquellos jueces que sólo promocionan el interés colectivo y dejan en indefensión a los imputados“.
Ribera explicó que él, como ministro, y el Presidente de la República, que firman los ascensos a ministros de las Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, darán la misma importancia tanto al currículum como a los fallos de los magistrados.
“Por lo menos el Ministerio de Justicia, cuando le corresponde participar en el nombramiento de ministros de la Corte de Apelaciones y participar en la proposición que el Presidente de la República hace a la Corte Suprema, obviamente que revisa la jurisprudencia, los criterios de juez, su moralidad pública y privada y los informes que ha hecho sobre ellos las propias Corte Suprema y Corte de Apelaciones“, finalizó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, criticó la decisión y advirtió que de concretarse, en la práctica implicaría “un veto a los jueces”, ya que la nueva política se aplicaría sólo por el hecho de que éstos “han manifestado determinado criterio jurídico” o adoptado “decisiones a través de los mecanismos que la propia ley establece”, casos en los que, en la eventualidad de que se produzcan errores, “pueden ser enmendados”.
