Otorgan beneficio a militar condenado por crímenes en la dictadura
El brigadier (r) Víctor Pinto Pérez cumple actualmente sentencia por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez, y ha sido procesado en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
La Corte Suprema de Chile eximió de la pena de cárcel a un exmilitar condenado como autor de la desaparición y homicidio de trece víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y lo obligó a cumplir cinco años en libertad vigilada.
El condenado, Víctor Pinto Pérez, se encuentra actualmente en prisión cumpliendo otra sentencia de 8 años por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, y ha sido procesado en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
En su nuevo fallo, el alto tribunal dictó una condena única para tres casos.
El primero se refiere a los secuestros y homicidios calificados de Ramón Luis Vivanco, Adiel Monsalves, Manuel Zacarías González, José Leningrado Morales, Arturo Koyck, Joel Guillermo Silva, Roberto Segundo Ávila, Alfredo Acevedo, Raúl Humberto Castro, Pedro Enrique Oyarzún y Hernán Elías, perpetrados entre el 27 y 28 de septiembre de 1973.
El segundo y tercero corresponden a los homicidios calificados de Manuel Tomás Rojas Fuentes y René Máximo Martínez Aliste, respectivamente, cometidos entre el 4 y 8 de diciembre de 1973.
Víctor Pinto Pérez, brigadier retirado del Ejército, fue condenado como autor de todos estos hechos, ocurridos en la Escuela de Infantería de San Bernardo, al suroeste de Santiago.
La sentencia de la Corte Suprema lo eximió de cumplir esta condena en prisión al acoger recursos de casación presentados contra fallos emitidos por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Ese tribunal había fijado penas de diez años y un día de presidio por once víctimas, y cinco años y un día por cada uno de los otros dos fallecidos.
Con ello, el tribunal de alzada ya rebajó las penas fijadas en primera instancia por el juez Héctor Solís, que decretó quince años y un día de prisión por las once primeras víctimas, y diez años y un día de presidio por cada una de las otras dos.
Según los informes oficiales sobre la dictadura, las once primeras víctimas, con edades entre los 17 y 48 años, eran militantes del Partido Comunista y trabajaban en la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, donde fueron detenidos bajo la acusación, nunca respaldada, de que querían volar un gasoducto.
Por su parte, tanto Manuel Tomás Rojas como René Máximo Martínez tenían 20 años y eran reservistas de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
El segundo desapareció cuando fue a preguntar a un cuartel militar por el paradero de su padre, Juan Domingo Martínez, que había sido dirigente socialista y también fue ejecutado.
