Cámara acuerda citar a ex Presidentes Frei, Lagos y Bachelet por caso de falsos exonerados
La decisión fue adoptada en la sesión especial realizada para analizar las presuntas irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios.
Por 52 votos a favor y 27 en contra la Cámara de Diputados acordó solicitar a los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet que colaboren en el proceso de investigación que está desarrollando esta Corporación para establecer las responsabilidades políticas en que hoy existan irregularidades en el proceso de calificación de exonerados políticos.
La decisión se adoptó al término de la sesión especial desarrollada en la Cámara Baja para analizar las presuntas irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios a exonerados políticos, instancia a la que asistió el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La diputada de Renovación Nacional (RN) Karla Rubilar, impulsora de la sesión especial, aseguró que “los ex presidentes de la Concertación sabían de las irregularidades que tenía este programa y nada hicieron a pesar de las denuncias. Nosotros tenemos tres expedientes, más de 125 cartas y mail que iban dirigidas a autoridades de gobierno de la época para pedir que se investigara el tráfico de influencias y las irregularidades en la entrega de este beneficio”.
Rubilar agregó que en el año 2003 había una carta dirigida al ex presidente Ricardo Lagos denunciando las irregularidades de este programa y que el 2 de abril de 2006 llega una carta a la ex presidenta Bachelet denunciando múltiples irregularidades en el programa de exonerados.
La parlamentaria manifestó que cualquier funcionario público que recibe una denuncia que puede revestir carácter de delito está obligado por ley a entregar dichos antecedentes a la justicia, y por eso afirmó que en este caso “creemos que hay una responsabilidad mayúscula por parte de las autoridades que gobernaron en la época” por no investigar estas denuncias.
La diputada PPD, Adriana Muñoz, en cambio dijo que veía con decepción, “cómo las nuevas generaciones de políticos y el Ministerio del Interior han sido capaces de poner en tela de juicio a 157 mil personas que fueron calificadas como exonerados políticos, los cuales no se merecen ese trato por parte del Estado“.
La parlamentaria rechazó los cuestionamientos que se han hecho a muchos parlamentarios, aclarando que en estos casos operó la presunción legal que daba por establecida la exoneración política en los meses posteriores al Golpe de Estado y que los testimonios de los parlamentarios, expresados en “certificados” siempre fueron un elemento más a considerar por parte de los equipos profesionales”, indicó Muñoz.
Agregó que no niegan la posibilidad de que personas inescrupulosas pudieran haber hecho mal uso de esta ley y que en esos casos se deberán iniciar los procesos de fiscalización que correspondan, “pero acá lo que hemos visto, es una campaña orquestada, destinada a destruir un proceso del cual debemos sentirnos esencialmente orgullosos como nación como fue reparar a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos“.
Por su parte, el diputado Enrique Jaramillo (PPD) dijo que lo sucedido con el tema de los certificados es “una maldad que han iniciado algunos colegas que les interesa dejar mal a quienes hacemos bien la pega (…) Lo que apoyé ayer, lo apoyo hoy y lo apoyaré mañana”, declaró.
En la ocasión se rechazó un proyecto de acuerdo presentado por el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS) en el que se rechazaba el uso de medidas de fiscalización al margen de la ley para revisar la entrega de estos beneficios y se desprestigie a los exonerados políticos.
