Naciones Unidas: La criminalidad baja en países que invierten en educación

Los países de la región se han comprometido, a través de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, a respetar la dignidad y a potenciar las capacidades de la infancia, y no a potenciar el castigo, que “crea un modelo de violencia, de venganza y de exclusión social que no queremos ver implantado en la sociedad“, declaró Santos Pais en una entrevista con Efe.

Cerca de seis millones de niños y adolescentes sufren violencia en América Latina y 80.000 mueren cada año a causa de ella, recordó la funcionaria, quien participa en un encuentro que se celebra hoy y mañana sobre este problema en Santo Domingo.

En la región, “sistemáticamente encontramos índices de más del 70 % de niños que sufren violencia física, psicológica o sexual en el contexto de la familia, la escuela, la comunidad o a través del uso de las nuevas tecnologías”, mientras que en el caso del abuso sexual “cerca del 30 % de los adolescentes” se ven afectados, explicó.

Aunque no hay un modelo perfecto, la representante del secretario general de Naciones Unidas sobre la violencia contra niños dijo que en los países nórdicos la inversión en la educación de la infancia “es una prioridad, incluso, en momentos de recesión”, por eso en ellos las desigualdades y los niveles de criminalidad son extraordinariamente bajos.

En la región latinoamericana, Brasil es un referente porque ha hecho de la lucha contra el flagelo una prioridad y combina la promoción de una legislación que prohíbe la violencia con políticas que ponen el énfasis en el buen trato a la niñez.

Entre los desafíos pendientes en esta materia está la necesidad de superar la falta de datos estadísticos que ilustren el estado de la violencia en cada país.

En la actualidad “prevalece la impunidad”, ya que las víctimas en muchos casos tienen miedo a denunciar los abusos y tampoco “existe la capacidad o la voluntad de investigar” en muchas ocasiones, lo que favorece precisamente esa falta de datos.

Esta carencia refleja “una falta de atención” por parte de las autoridades y los agentes implicados ante la violencia, una problemática “invisible y aceptada”, según Santos.

En cuanto a la subregión de Centroamérica y el Caribe existen situaciones específicas que las organizaciones quisieran conocer con mayor detalle, por ejemplo “cuando pensamos en situaciones como la manipulación de jóvenes en el contexto del narcotráfico o el crimen organizado, donde los niños son víctimas, pero se les presenta como autores”, indicó.

En casos como estos “tenemos que tener mejores datos para prevenir su instrumentalización en un proceso en el que no tienen capacidad de influencia, pero sufren doblemente las consecuencias, como víctimas directas y como instrumentos”.

Santos Pais considera que además de sistemas estadísticos son necesarios procesos de análisis correctos para evitar que los menores sean presentados como la causa del aumento de la criminalidad, lo que “en la mayoría de los casos no tiene base estadística”, y utilizados para justificar “políticas basadas en percepciones o intereses que no tienen que ver con la realidad”.

Entre otros retos pendientes en este terreno, la experta mencionó la ausencia de legislaciones que prohíban todas las formas de violencia contra los menores, algo que solo se ha hecho en Venezuela, Uruguay y Costa Rica, aunque Perú y Brasil avanzan en esa dirección.

“El hecho de que no tengamos una base legal que transmita el mensaje de que no es correcto usar la violencia contra los niños y adolescentes como forma de disciplina, de educación, ayuda a perpetuar el modelo de la violencia en lugar del modelo de la prevención de la violencia”, aseveró.