Ex presidente de la Suprema: “El procedimiento no era muy bonito, pero no era irregular”

Tras las denuncias por supuestas irregularidades en la adjudicación de los contratos inmobiliarios del Poder Judicial entre 2005 y 2007, el ex presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, señaló que no hubo nada ilegal en el procedimiento, aunque admitió que éste “no era muy bonito” ni transparente.

Mientras ejercía la dirección del máximo tribunal, en 2008, Marín recibió el primer informe donde se indicaba, tras una contraloría interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial,  que Inmobiliaria e Inversiones El Vergel S.A., Inmobiliaria Juan XXIII e Inmobiliaria Centro Iquique se habían adjudicado cinco de los seis proyectos (83%) para la construcción de juzgados, por un monto de $63 mil millones.

Las sociedades inmobiliarias mencionadas se vinculan con la empresa constructora Cosal S.A., quien edificó los inmuebles.

Como publica el diario La Tercera, el ex magistrado manifestó que la información contenida en el reporte la hizo llegar al Consejo Superior de la corporación, que en ese entonces estaba compuesto por el mismo Marín y los ministros Sergio Muñoz, Patricio Valdés, Rubén Ballesteros y Sonia Araneda.

“Ese informe, que daba cuenta de que existía una concentración de una empresa en distintas licitaciones que usaba la fórmula de arrendamiento con construcción. Se llevó al consejo, se analizó, se halló que había esta concentración, pero no se encontró que hubiera colusión ni ninguna irregularidad de nadie. Que recuerde, nadie hizo ninguna objeción, ni reserva ni voto en contra de que haya que hacer nada”, sostuvo el abogado.

Frente a la reciente publicación de un audio donde el ministro Milton Juica recomienda no denunciar el hecho al Ministerio Público, Marín afirma que “ninguna adjudicación de una construcción, de un arrendamiento se puede hacer sin la aprobación del Consejo Superior. Ni el director de la Corporación Administrativa ni los funcionarios tienen voto alguno. Es bueno que se investigue todo, estoy de acuerdo, pero la fiscalía tiene hartas más cosas que hacer que estar en esto“, dijo.

Respecto al porqué se produjo esta situación, el ex timonel de la Suprema dijo que todo tiene que ver con la puesta en marcha de las reformas a la justicia de familia y laboral, que hacía necesario contar con nuevos recintos. “La reforma de familia se nos vino encima, no tuvo gradualidad alguna. Ahí se tuvo que buscar la fórmula de arriendo con construcción y a las licitaciones que se abrieron se presentaron muy pocas empresas y, de hecho, en varias sólo ésta“, puntualizó.

Marín agrega que en esa fecha no se podía ni comprar ni construir tribunales, porque no estaban autorizados por el Ministerio de Hacienda; debido a ésto se recurrió a la figura de las licitaciones, las que se publicaron en el portal del Poder Judicial.

El ex magistrado insiste en que acá no existe delito ni colusión, ya que no hubo empresas que fijaran precios para ganar dinero o marginaran a su competencia, simplemente  una inmobiliaria que se adjudicó los proyectos: “Aquí era sólo una empresa, podría criticarse que el procedimiento no era muy bonito, muy transparente en ese sentido. Pero irregular no, porque los precios eran satisfactorios y, lo que es mejor todavía, los edificios se hicieron bien, tanto que ninguno sufrió daños tras el terremoto“, explicó.