Condenan a cuatro ex agentes de la DINA por desapariciones de tres opositores a la dictadura
En la sentencia, de 136 páginas, estableció que el 26 de mayo de 1976, la DINA detuvo y trasladó a "Villa Grimaldi" a las víctimas, quienes pertenecían al movimiento político "MAPU", y, además, les sustrajo sus vehículos.
El ministro Jorge Zepeda Arancibia condenó a cuatro ex agentes de la DINA y un ex colono de Villa Baviera, por las desapariciones de tres opositores a la dictadura militar y visto por última vez con vida en la ex Colonia Dignidad.
El magistrado condenó al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general en retiro, Manuel Contreras Sepúlveda a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizando Ormaechea.
También condenó al coronel en retiro y ex agente, Carlos López Tapia, a 10 años y un día por las mismas tres víctimas.
A su vez, sentenció como cómplices a los ex agentes, Eugenio Fieldhouse Chávez, Gerard Mucke y al ex colono Johan Van den Berg a cinco años y un día de presidio por estos mismos hechos.
En la sentencia, de 136 páginas, estableció que el 26 de mayo de 1976, la DINA detuvo y trasladó a “Villa Grimaldi” a las víctimas, quienes pertenecían al movimiento político “MAPU”, y, además, les sustrajo sus vehículos.
Los agentes de la DINA, para facilitar la comisión de los crímenes, contaron con la colaboración de “Colonia Dignidad”, dirigida por el líder Paul Schafer.
Con “Colonia Dignidad”, los agentes de la DINA coordinaron la persecución, secuestro, tortura y desaparición de los opositores al régimen del general Augusto Pinochet. En este caso, tal colaboración incluyó la desaparición de los vehículos de las víctimas.
La sentencia sobreseyó por muerte a Paul Schafer, quien falleció encontrándose en prisión preventiva; al agente de la DINA Rolf Wenderoth, por no estar en “Villa Grimaldi” al ser sustraídas las víctimas; y sobreseyó temporalmente a Hartmutt Hopp, por estar prófugo en Alemania y haber el tribunal solicitado su extradición.
En el aspecto civil se condenó al Fisco y los condenados a pagar solidariamente 90 millones de pesos a los familiares de cada una de las víctimas, como indemnización de perjuicios.
