Garzón declara hoy ante el Tribunal Supremo tras rechazarse la anulación de su juicio
El juez español está acusado de prevaricación por abrir una investigación de los crímenes del franquismo, ignorando la existencia de una Ley de Amnistía.
El Tribunal Supremo español rechazó anular la causa por prevaricación abierta al juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, por lo que la vista continua hoy con la declaración del magistrado como acusado.
Al comienzo de la segunda sesión de la vista, la sala que juzga a Garzón rechazó las cuestiones previas planteadas por su defensa y por la Fiscalía, que habían solicitado la nulidad.
Ambas partes pidieron que se cerrara la causa por entender que el instructor de la misma, Luciano Varela, “orientó” a una parte de la acusación, el sindicato ultraderechista Manos Limpias.
Garzón fue recibido entre los aplausos de un centenar de personas concentradas frente a las puertas del Tribunal Supremo a su llegada a la corte, en el centro de Madrid.
Convocados por la plataforma “Solidarios con Garzón”, arroparon al juez entre vítores y gritos de apoyo como “Garzón, amigo, el pueblo está contigo”, “Hay que juzgar a los jueces franquistas” o “No vais a juzgar, vais a prevaricar”.
Varios compañeros de Garzón en la Audiencia Nacional española han acudido al Tribunal Supremo para mostrar su respaldo al magistrado como ya hicieron la semana pasada.
Garzón declara hoy en la vista oral ante el Alto Tribunal por declararse competente en 2008 para investigar las desapariciones de personas durante la guerra civil española (1936-1939) y en la posterior dictadura del general Francisco Franco.
El magistrado dijo que no va a contestar a las preguntas de la acción popular “al considerar que no está legitimada para estar en esta sala ejerciendo la acusación” y solo responde a su defensa.
Baltasar Garzón, el juez español que se dio a conocer internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del ya fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet, está acusado de prevaricación al abrir la investigación ignorando la existencia de la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 durante la transición a la democracia.
Dos asociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentaron sendas querellas contra la actuación del juez, por las que hoy se sienta en el banquillo de los acusados y afronta la petición de hasta 20 años de inhabilitación.
El juicio se desarrolla en medio de una gran expectación y con la presencia de representantes de varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
El magistrado tiene abiertas otras dos causas judiciales, una de ellas por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción y la otra por unos cobros que recibió del Banco Santander durante unos cursos en Nueva York.
