La artillería política de la industria tabacalera

En mayo del año pasado el gobierno envió al Congreso el proyecto que endurece la Ley Antitabaco, el cual presentaba como gran avance la prohibición de fumar en pubs, restaurantes, o cualquier otro espacio público cerrado. En ese contexto, ya no servirían las separaciones de ambientes para fumadores y no fumadores, adaptaciones en las que la industria aludida invirtió más de 120 millones de dólares.

El pasado 18 de enero, después de más de siete meses de discusión pública y parlamentaria, un insólito error en la votación en la Cámara de Diputados (esa es, al menos, la explicación que dieron los parlamentarios), echó por tierra el acuerdo político para aprobar precisamente el artículo más sustancioso, aquel que establece que pubs, restaurantes y casinos de juegos deben ser espacios 100% libres de humo.

Si lo que ocurrió el miércoles antepasado fue producto de un error en la votación o, como aseguró esta semana a los cuatro vientos el diputado Enrique Accorsi, el resultado de un intenso lobby por parte de las tabacaleras y sus grupos aliados (pubs, restaurantes, discotecas casinos de juego), es difícil saberlo con certeza en un país en el que el lobby no está regulado y donde el financiamiento de las campañas políticas es el secreto mejor guardado de la elite. El parlamentario no entregó antecedentes que respaldaran sus afirmaciones.

Ayer en entrevista con Radio Infinita, el ministro de Salud Jaime Mañalich, férreo defensor de las fallidas modificaciones a la ley, reveló también que en dos años como ministro, “lo que llamamos lobby o influencia es una dato de la causa. Está presente en todo proyecto”. Sin embargo, tampoco proporcionó mayores antecedentes.

Hay, sin embargo, hechos objetivos, de libre interpretación, protagonizados siempre por British American Tobacco (BAT), ex Chile Tabacos, la principal tabacalera del país. BAT es auspiciadora oficial de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), el gremio que más descargos ha realizado en contra del endurecimiento de la ley, argumentando las millonarias inversiones que realizaron sus representados para implementar espacios para fumadores en sus recintos.

Todos saben que esas remodelaciones fueron financiadas en buena medida por BAT. Un vocero de la cadena de restaurantes Bavaria, perteneciente a la familia del diputado UDI José Antonio Kast y del ex ministro de MIDEPLAN, Felipe Kast, comentaba el año pasado a El Mercurio, ante la inminente eliminación de las divisiones entre fumadores y no fumadores: “Por suerte Chiletabacos nos financió el 50% de la infraestructura para fumadores”.

Achiga ha usado todos los medios posibles para plantear sus descargos, desde las generosas declaraciones de su presidente Fernando de La Fuente, hasta un blog y una exitosa campaña en Twitter (@quieroelegir), que apela a la libertad de las personas para elegir si quieren o no fumar. Este discurso es recurrente en varios personajes involucrados en la discusión del proyecto. “A mí el cigarro no me gusta, no fumo, pero defiendo ante todo la libertad”, declaró hace poco el diputado gremialista Arturo Squella.

Un directorio recargado

Pero sobre Achiga y los demás gremios que se sienten afectados por la intención del gobierno de liberar de humo todos los espacios públicos cerrados, está British American Tobacco Chile. Su plana directiva está integrada en su mayoría (4 de 6) por conspicuos personajes de la clase política chilena, que después de ocupar numerosos cargos públicos han encontrado en los sillones de la tabacalera un buen lugar para desplegar sus talentos profesionales.

Otros, han dejado su sillón allí para ocupar cargos públicos. Es el caso del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, ex diputado RN en dos períodos, y ex integrante del Tribunal Constitucional (entidad que revisó la Ley de Tabacos actual). En julio del año pasado dejó la tabacalera para instalarse en La Moneda.

Estos son los directores políticos de BAT:

 

Carlos Cáceres

 

Presidente del directorio de British American Tobacco. Como uno de los Chicago Boys, participó en el diseño del modelo económico del régimen militar. Fue presidente del Banco Central en 1982, ministro de Hacienda y del Interior. Preside el Consejo del Instituto Libertad y Desarrollo, el think tank de la UDI, semillero del cual han salido varios estrechos colaboradores del presidente Sebastián Piñera.

 

Jorge Rodríguez Grossi

Ministro de Economía, Energía y Minería en 2001, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Durante su gestión como ministro, la Ley de Tabaco de 2005 debió pasar por su cartera. Al terminar el período de Lagos, Rodríguez Grossi se integró al directorio de Chiletabacos. Es, además, uno de los 12 integrantes de la recientemente creada Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia, que tiene como misión revisar la actual regulación del libre mercado en Chile. Su designación en esta comisión lo reconoce como experto y árbitro de buenas prácticas. British American Tobacco tiene una disputa judicial con Philip Morris, su principal rival, que le pide una millonaria indemnización precisamente por prácticas anticompetitivas, comportamiento acreditado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y reafirmado por la Corte Suprema.

Roberto Guerrero del Río: Socio del influyente bufete Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz. Tuvo varios cargos durante el gobierno militar. Fue director de la Universidad Finis Terrae, puesto que ocupó hasta  octubre de 2009. También figuran en su currículo el cargo de árbitro del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago y del Centro de Mediación y Arbitraje de Amcham. Recientemente fue designado miembro del Consejo Nacional de Educación a partir de marzo.

 

 

Karen Poniachik

Ex ministra de Minería y Energía durante el gobierno de Michelle Bachelet, en 2008 lideró las negociaciones para el ingreso de Chile a la OCDE en enero de 2010. Se integró al directorio de BAT en mayo de 2009. Tres meses después, asumió como presidenta del directorio de la ONG Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, cargo al que renunció en abril de 2010.

El caso del contralor

En 2007 la entonces subsecretaria de Salud Lidia Amarales tuvo, entre otras responsabilidades, la misión de instruir a las distintas Seremis de Salud sobre algunos vacíos que presentaba la Ley de Tabacos, particularmente en lo que se refería a la forma en que se miden la distancia que separa a los colegios de los kioskos que venden cigarros, y al tipo de separación que debía haber entre los lugares para fumadores y no fumadores en los restaurantes.

“Eran instructivos para asegurar una mejor fiscalización, porque la ley era imperfecta. Sin embargo, Achiga, los suplementeros, el comercio detallista y BAT reaccionaron en contra de estas instrucciones y presentaron un recurso a la Contraloría General de la República, organismo que les dio la razón”, relata la ex subsecretaria del Minsal.

“En esa oportunidad, el fallo del organismo no tuvo la firma del Contralor, Ramiro Mendoza, quien se inhabilitó por su situación contractual anterior”, recuerda Amarales. ¿La razón? Mendoza, antes de ser Contralor, fue socio del Estudio Jurídico Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, donde estuvo a cargo de la Unidad de Asuntos Regulatorios.

Por esos años, cuenta Lidia Amarales, al abogado Mendoza se le vio en más de una ocasión visitando el departamento jurídico del Ministerio de Salud en representación de Chile Tabacos.

Otro ex funcionario del Minsal cuenta que la Contraloría, encabezada por Mendoza, ha rechazado distintas indicaciones de Salud que han buscado hacer más eficiente la ley y que en esos casos ha acogido los descargos de Achiga y los demás grupos aliados de la industria tabacalera.

Hay un ejemplo reciente: el pasado 6 de enero la Contraloría no dio curso a un decreto del Ministerio de Salud que buscaba prohibir el uso en la fabricación de cigarros de aditivos y saborizantes como el chocolate y algunos endulzantes. Estos aditivos, según planteaba el Minsal, encubren el carácter áspero e irritante del tabaco, mejorando su palatabilidad, favoreciendo la experimentación, el consumo inicial y la mantención del hábito tabáquico, y distorsionando la evaluación que el consumidor puede tener del tabaco. La Contraloría rechazó la propuesta, argumentando que carecía de fuente legal. Esta vez Ramiro Mendoza no se inhabilitó.