El informe de Conaf que se modificó desde Santiago para respaldar a Hidroaysen

Tal como lo anunciara hace un par de días el abogado de la Corporación para del desarrollo de Aysén, Marcelo Castillo, junto al diputado PS Enrique Accorsi, fue presentada la querella criminal por del delito de fraude al fisco en contra de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El libelo surge luego de que una investigación de la Fiscalía de Aysén acreditara que el informe que sirvió de sustento para aprobar el polémico proyecto hidroeléctrico, fuera modificado desde Santiago, esto en contra la opinión de los ingenieros forestales de la Undécima Región que trabajan en dicho servicio y que rechazaron de plano el proyecto Hidroaysen

The Clinic señala que la acción judicial busca evitar que se inunden miles de hectáreas en la patagonia. De acuerdo al documento, publicado por este medio, la Conaf  desde Santiago cambió la conclusión que de se debía entregar al Servicio de Evaluación Ambiental –compuesto por los seremis de la región- donde se aprobó la continuación del proyecto eléctrico en mayo de 2011.

La querella indica que en una videoconferencia, realizada en noviembre de 2010 y donde participaron profesionales del nivel central, Puerto Montt y Aysén, se discutió en detalle el contenido del informe que en lo referido al impacto del proyecto en los parques nacionales Laguna San Rafael, Bernardo O’Higgins y Reserva Forestal Lago Cochrane y en los ecosistemas, pero no hubo acuerdo.

No obstante, en una de las órdenes de investigar de la PDI que consta en la indagación del Ministerio Público se señala que “el mismo 15 de noviembre de 2010, se recepcionó en el Servicio Regional de Conaf un correo electrónico enviado desde el nivel central (que está en poder de esta Fiscalía) en el que se remitía la propuesta jurídica en relación al informe de evaluación ambiental, correo cuyo contenido quedó finalmente plasmado en el informe que se firmó por la Dirección Regional y se subió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

En este marco, Ingenieros forestales de la Conaf pueden confirmar cómo se urdió un cambio en la respuesta al Estudio de Impacto Ambiental, maquinada desde Santiago por la oficina central de la Conaf. Para muestra un botón.

El ingeniero Aliro Gascón, declaró a la fiscalía que hubo presiones desde Santiago: “Lo más grave a mi juicio, ocurrió días antes de que se emitiera el informe de 15 de noviembre de 2010 y fue que se recibieron llamadas telefónicas de parte del Fiscal Nacional de CONAF, con sede en Santiago, para efectos de cambiar el tenor del informe, especialmente en lo relativo a la imposibilidad de inundar las 18 hectáreas del Parque Nacional”.

“Recuerdo que el día 14 de noviembre al parecer, entró Tania Lorca a mi oficina. Estaba enojada y me dijo que le había cambiado su trabajo en lo relativo a la imposibilidad de inundar y la incidencia que la Convención de Washington tenía en ello, reduciendo su informe de 5 a 3 hojas”, relata el Aliro Gascón

Su colega Paula Vásquez, incluso fue más allá al dectallar que  “unos días después me llamó Tania Lorca pidiéndome que la ayudara a buscar jurisprudencia para avalar la inundación del Parque Nacional. Le dije que no estaba de acuerdo y que me tendría que llegar una orden por escrito en ese sentido para que obedeciera, ya que yo no estaba de acuerdo. Dos o tres días después, Tania me reenvió un correo electrónico que había confeccionado y enviado el Fiscal Llona, para que yo tomara conocimiento del mismo, en él el Fiscal planteaba sus argumentos para acceder a la inundación, pero yo no le contesté ese correo, además se me envió una vez que ya se había subido al SEIA el informe”.

The Clinic señala que en la acción judicial presentada por Marcelo Castillo, se estima que “los hechos anteriores demuestran que terceros, en su calidad de funcionarios públicos, urdieron un conjunto de maquinaciones fraudulentas, concertándose para ello, con el objeto de perjudicar el interés fiscal, a través de permitir la afectación y daño (inundación) de un bien fiscal (Parque Nacional), favoreciendo los intereses de un particular, lo que constituye el delito de fraude el fisco”.

Los pasos a seguir para la acción judicial apuntan sea notificada a la Fiscalía Centro Norte, organismo que -a su vez- deberá iniciar la investigación penal para aclarar los hechos materia de la querella.