Treinta reos se fugaron de cárcel mexicana con la complicidad de funcionarios

Las autoridades mexicanas confirmaron hoy la fuga de 30 presos del penal de Apodaca este domingo durante una riña en la que murieron 44 reclusos, e investigan a cuatro funcionarios y 18 guardianes de la cárcel por su presunta complicidad.

El gobernador del norteño estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, dijo en rueda de prensa tener información de que los fugados pertenecen al grupo criminal de Los Zetas, entre ellos un líder local, y que los prisioneros “asesinados” forman parte del Cártel del Golfo.

Ello demuestra en principio, que “continúa la rivalidad de estos grupos”, que en marzo de 2010 rompieron su alianza y desde entonces mantienen un cruenta lucha por el control de varias regiones del país, apuntó.

Las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan a que antes de la riña los reos tenían el plan de fugarse y para ello “sin duda contaban con la complicidad de algunos funcionarios”, indicó Medina, quien dijo que aún es pronto para dar nombres de quienes participaron y cómo en la evasión.

Ya fueron separados de sus cargos y están sometidos a investigación el director de la cárcel, Jerónimo Miguel Andrés Martínez; el subdirector, Juan Hernández, y el jefe de seguridad del penal, Óscar Devece Laureano.

También fueron destituidos el comisario general de Administración Penitenciaria de Nuevo León, Ernesto García Guerrero, y 18 guardianes que en ese momento se encontraban en la cárcel.

“Estamos deslindando responsabilidades, tomando declaraciones”, afirmó el gobernador, quien precisó que los reos se fugaron por la torre seis y aseguró que no hallaron ningún boquete y ni túnel en el penal de Apodaca, ubicado en la zona metropolitana de Monterrey.

Además, reiteró que “no hubo detonaciones de arma de fuego” y que las 44 víctimas del enfrentamiento entre grupos rivales que derivó en un motín perdieron la vida “con armas contundentes, punzocortantes”.

Sin embargo, la madre de un preso que acudió la madrugada del domingo a la cárcel dijo a Efe que “se escucharon disparos e incluso una explosión” y que después se observaron “columnas de humo”.

Otro familiar aseguró que alrededor de la 01.30 hora local (07.30 GMT), media hora antes de que comenzara la reyerta -según las autoridades-, unos hombres ajenos al penal ingresaron con armas de fuego.

De acuerdo con los familiares de los reos, Los Zetas tenían el control de la cárcel de mediana seguridad y exigían “cuotas” a los internos para que no los golpearan e incluso cobraban por todos los servicios, incluyendo la comida.

Al parecer unos 20 reos procedentes de Nuevo Laredo y miembros del Cártel del Golfo intentaban arrebatar el control de la prisión a Los Zetas.

La situación del penal se empezó a descomponer hace más de un año con la llegada de “muchos zetas”, contó la madre de un interno que está por abandonar la cárcel, quien indicó que desde principios de mes circulaba el rumor de que un grupo “se fugaría de la prisión”.

El gobernador de Nuevo León, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló que la mayoría de los fugados, 25, estaban presos “por delitos federales”, entre ellos delincuencia organizada y narcotráfico, y cinco por delitos del fuero común.

Para su recaptura, pidió la colaboración de la ciudadanía y ofreció “hasta diez millones de pesos (787.400 dólares)” por información.

Medina anunció la instalación de una mesa de apoyo para sus familias y prometió una investigación a fondo con la participación de autoridades federales.

Admitió las condiciones de hacinamiento de la cárcel de Apodaca, donde el 60 % de los reos son federales y el 40% del fuero común, lo que complicó el manejo de los mismos.

Por ello, solicitó al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el traslado de un grupo importante de reos federales a otros penales, incluso de alta seguridad, para disminuir la presión en las cárceles estatales por la gran cantidad de capturas registradas en los últimos meses.

Destacó que está en marcha “un proceso de modernización” del sistema penitenciario y de reforzamiento de los mecanismos de vigilancia para afrontar esta “situación extraordinaria” que está viviendo el estado, uno de los más violentos de México.