Aysén sería el octavo caso de aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en democracia

A casi tres semanas de iniciado el conflicto de Aysén, el cese de las movilizaciones parece no aprontarse, ya que mientras el Movimiento Social por Aysén pide respuestas al petitorio, mientras el Gobierno mantiene su exigencia de desbloquear las rutas para recién entrar a negociar.

La medida más dura, y que podría provocar mayores roces, es la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado por parte del Ejecutivo, que desde la semana pasada tiene redactada las querellas respectivas contra los líderes de los camioneros en Aysén que tienen bloqueados los caminos.

La ejecución de la medida dependerá del éxito de las negociaciones encabezadas por el subsecretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, quien tiene plazo hasta hoy para sellar un eventual acuerdo. De otro modo, está previsto que regrese a la brevedad a Santiago.

Pero esta no es la única vez, que se ha anunciado la  aplicación de la Ley de Seguridad del Estado  que tipifica delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado, interior del Estado, el orden público y contra la normalidad de las actividades nacionales. Desde la vuelta de la democracia en 1990 hasta ahora se ha implementado en 7 oportunidades, todas con un alto revuelo mediático.

1.- “El libro negro de la justicia chilena”. En 1990 la periodista Alejandra Matus alcanzó notoriedad internacional tras su publicación destinada a develar los secretos y malas prácticas del Poder Judicial. La publicación gatilló que el ministro de la Corte Suprema, Servando Jordan,  se querellara en su contra desacato. El libro pudo ser publicado tres años después, cuando Rubén Ballesteros, ministro de la Corte de Apelaciones de ese entonces, levantó la causa por no contar con los antecedentes suficientes.

2.- Caso Gabrielli. En 2001, el ex comandante en jefe de la Fach, Hernán Gabrielli, interpuso un requerimiento ante la Corte Suprema en contra de tres ex presos políticos durante la dictadura, Carlos Bay, Juan Ruz y Héctor Vera, por injurias, calumnias y difamación, pues lo acusaron de haber participado en torturas en 1973 en la base aérea de Cerro Moreno de Antofagasta. Meses después, Rubén Ballesteros, sobreseyó el proceso y liberó de toda sanción a los ex prisioneros, bajo la consideración de que los imputados no tuvieron la intención de calumniar sino de denunciar un hecho de violencia.

3.- La huelga de los microbuseros en la era Lagos. En 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, el intendente de Santiago, Marcelo Trivelli, presentó una denuncia bajo la Ley de Seguridad del Estado en contra de los dirigentes microbuseros que promovieron una huelga que paralizó la locomoción colectiva en la región metropolitana en agosto del 2002.

4.- Falso anuncio de bomba en el Centro de Justicia. En 2008 se invocó la normativa contra un procurador de asesorías jurídicas, quien hizo un falso anuncio de bomba en el Centro de Justicia de Santiago.

5.- Huelga de los gendarmes. En 2009, Patricio Rosende, volvió a aplicar la ley de Seguridad del Estado  después de que cerca de 14 mil gendarmes paralizaran sus actividades, pidiendo mejoras salariales.

6.- Pérez Yoma interviene en conflicto mapuche. También en 2009 el Ministerio del Interior de la época, Edmundo Pérez Yoma, se querelló contra encapuchados mapuches que bloquearon la ruta 5, y detuvieron a un bus interprovincial. Meses después se volvió a implementar cuando el gobernador de Cautín, en la novena región, interpuso una querella contra quienes resultaran responsables de una serie de ataques incendiarios registrados en Angol y Collipulli.

7.- Hinzpeter y el “puntarenazo”. El actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aplicó la Ley de Seguridad del Estado para hacer frente a las protestas en Magallanes en enero de 2011, donde también hubo bloqueo de las rutas terrestres. También se aplicó en contra los responsables de la quema de un bus del Transantiago en Ñuñoa. Y por el bloqueo de calles de una movilización nacional de colectiveros.