Minera deberá pagar 5 millones de dólares por el rescate de los ’33’
Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobó un convenio con la minera San Esteban, dueña de la mina San José, para cancelar el monto por los gastos de la Operación San Lorenzo.
Los integrantes del Consejo de Defensa del Estado aprobaron un convenio con la minera San Esteban, dueña de la mina San José, para que la privada pague U$ 5 millones por los gastos que significaron rescatar a los 33 mineros sepultados a 700 metros de profundidad y que pasaron 70 días bajo tierra
El costo total de la Operación San Lorenzo alcanzó los US$ 22 millones y el gobierno le pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que demandara a la sociedad minera dirigida por Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny para paliar los gastos.
El acuerdo es parte de las negociaciones de la síndico de la minera, María Loreto Reid quien ya en septiembre pasado había informado que el CDE autorizó un acuerdo reparatorio por los costos del salvataje.
Según el documento, la sociedad deberá desembolsar a favor del Fisco US$ 5 millones (unos 2 mil 560 millones de pesos) para dar término al juicio.
El litigio partió el 3 de noviembre de 2010, donde el Sexto Juzgado Civil de Santiago dio curso a una demanda presentada por el CDE en contra de minera San Esteban por un total de US$ 10,3 millones (unos $ 5.323.244.108).
La suma se calculó considerando el uso de las perforadoras, los tubos de encamisado encargados a Argentina, equipos de comunicación, repuestos para los taladros, etc.
La demanda no incluyó las facturas a privados que cooperaron con Codelco en la operación de salvamento.
De hecho, el acuerdo cubre un 25% de los costos de los trabajos, las maquinarias y la logística desplegada durante 70 días en el Campamento Esperanza.
Las negociaciones continuaron adelante y, finalmente, tomando en cuenta la poca liquidez de la empresa, que estaba pasando por un proceso de quiebra y para obtener una rápida solución del conflicto, se rebajó la suma de US$ 10,3 a US$ 5 millones.
En julio del año pasado, 31 de los 33 mineros presentaron una demanda por daños y perjuicios que les generó el accidente en contra del Estado por un total de $ 7.750 millones.
