Conflicto en Aysén: Gobierno interpondría requerimientos por Ley de de Seguridad Interior del Estado contra dirigentes
El ministro del Interior presentaría las acciones legales; la decisión se adoptó en el marco de los bloqueos de ruta que desde hace casi un mes, afectan a la décimo primera región.
Fuentes de Gobierno han indicado que este martes, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter interpondría requerimientos por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra diversos dirigentes del movimiento social de Aysén, según informa Radio Bío Bío
La decisión se adoptó tras los bloqueos de rutas de la décimo primera región que se han extendido por casi un mes.
En este escenario el ministro Hinzpeter dijo que el gobierno va a seguir trabajando para destrabar el diálogo, pero subrayó que no se descarta la aplicación de la Ley de seguridad interior del Estado contra los que definió como “grupos intransigentes”, informó CNN.
“No hemos recurrido a acciones legales como primera medida, pues damos todas las opciones para que prospere el dialogo, pero si los intransigentes imponen su voluntad no nos dejan otra opción (que aplicar la citada ley)” dijo Hinzpeter, desde el Congreso en Valparaíso.
Las acciones legales estarían individualizadas para, de esta forma, perseguir la responsabilidad legal de las personas en la instalación de barricadas que además de frenar el tránsito han complicado la llegada de alimentos y combustible.
Las personas incluidas en la lista de requeridos por la justicia arriesgarían penas de tres años y un día hasta 10 años de cárcel e incluso podrían llegar a presidio perpetuo, en caso de que se produjese una muerte por lo bloqueos.
Este martes, se han retomado las negociaciones entre el gobierno y los dirigentes sociales de la zona. De hecho el subsecretario general de la presidencia, Claudio Alvarado, señaló que ya hay visos de llegar a un acuerdo y que el lunes se habló precisamente del despeje de las rutas.
Octava aplicación de una ley polémica
La aplicación de la Ley de Seguridad del Estado tipifica delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado, interior del Estado, el orden público y contra la normalidad de las actividades nacionales. De materializarse la acción legal, está sería la octava vez que se aplica desde la vuelta a democracia.
