Lista Anticorrupción del Gobierno vigilará hasta a Piñera

A partir de este jueves,  las operaciones financieras de cerca de 2 mil autoridades incluyendo al Primer Mandatario, ministros, legisladores, seremis y ediles, entre otros, deberán ser revisadas con especial atención por parte de los bancos, notarios, corredoras de seguros, casinos de juegos y una treintena de otros “sujetos obligados”, publica La Segunda.

Esto luego de que se creara una Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las superintendencias de Bancos, Valores y Seguros y de Pensiones.

Un este nuevo escenario  incluso el  Presidente de la República de turno deberá dar cuenta del origen del dinero con que pretende realizar una inversión. Lo mismo correrá por ejemplo para a alcaldes o miembros de las directivas de partidos políticos.

Y eso no es todo, la rotulación de PEP se extenderá a sus cónyuges, padres, hijos, primos, tíos y todos sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad

La nómina es parte de las recomendaciones emitidas en febrero por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional que dicta las recomendaciones mundiales en el combate del lavado de activos. El objetivo es asegurar que las operaciones financieras que realizan no estén relacionadas con algún tipo de ilícito.

La directora de la UAF, Tamara Agnic, detalló que “se trata de las personas que son más vulnerables al interior de los estados, personas definidas como de alta exposición y, por lo tanto, susceptibles de ser corrompidas por un tercero. A ellas deben aplicárseles procesos de conocimiento más profundos. Como se diría en buen chileno, mirarlos dos veces, para identificar cuando exista alguna operación, alguna transacción no compatible o poco habitual en el perfil de estas personas”.

18 categorías

En detalle hay que apuntar que para elaborar el listado se definieron 18 categorías de autoridades, las que van desde el propio Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, seremis, intendentes, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, consejeros del CDE y del Banco Central, ministros del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de la Libre Competencia.

Tampoco quedaron fuera de la lista, los directores y ejecutivos de empresas públicas, así como aquellos que ocupan algún directorio en sociedades anónimas y fueron electos con los votos del Estado.

“No es que nosotros desde ya tengamos sospechas de las personas que están listadas, sino que, dada la condición de vulnerabilidad y dado el alto nivel de toma de decisiones respecto de recursos públicos que detentan, lo que se pretende con esto es protegerlas para que quienes están afuera se vean inhibidos de tratar de corromperlas. Es que desde el momento que se sabe que a estas personas se les va a aplicar la debida diligencia reforzada, existe también un desincentivo para aquel que quisiera cohechar a un funcionario público”, agregó la ejecutiva.

La ejecutiva, que por cierto, también está en la lista apunta que “ser un PEP me facilita la vida, porque el banco conoce quién soy y todo movimiento extraño que yo llegara a tener, sé que no lo puedo hacer. Y si alguien quisiera venir a corromperme, sabe que no es fácil, por lo tanto yo me vuelvo menos vulnerable. Al final es un mecanismo de protección y de fortalecimiento de los sistemas anticorrupción del aparato del Estado”.

No aplicar esta suerte de doble chequeo a las personas del listado o no informar de operaciones sospechosas tras el chequeo, acarrea multas que van desde una simple amonestación hasta una multa de 5 mil unidades de fomento, la que puede triplicarse en caso de que la conducta sea reiterada en un período de 12 meses.