Funcionarios de ONEMI cuestionan nueva institucionalidad del servicio

Es de público conocimiento que desde la ocurrencia del terremoto del 27 de febrero del año 2010, nuestra institución ha estado en el debate público por una serie de errores e imprecisiones derivadas, a nuestro entender, por una legislación y marco institucional obsoletos, que no dan cuenta de las necesidades que la sociedad requiere en materias de protección civil, ni de los avances establecidos a partir de la Década Internacional para la Reducción de Desastres (1990-2000) establecida por las Naciones Unidas, tanto para lo que es su órgano técnico (ONEMI) como para el Sistema de Protección Civil (Organismos del Estado, entes privados y voluntariado).

Desde la ocurrencia del terremoto, el Gobierno ha señalado públicamente que esta institucionalidad será modificada y por lo tanto, comunicacionalmente, ha instalado la existencia de una “nueva ONEMI” denominada Agencia nacional de Protección Civil, la que estaría sustentada por un nuevo marco legal con nuevos estándares en relación a su capacidad para tomar decisiones acertadas y sobre todo alertamientos oportunos a la población sobre eventos potencialmente destructivos.

La situación anterior tiende a dar una señal equivoca del estado actual de la institución, la que sigue funcionando bajo el mismo marco legal previo al terremoto y sólo ha ajustado algunos procedimientos administrativos y protocolos operacionales, algunos sin fundamento técnico, para corregir errores detectados en los eventos ocurridos desde el terremoto a la fecha. Esto conlleva a un apreciación errada de las reales capacidades  y sobre todo de responsabilidades, de acuerdo al actual marco legal, lo que se ha visto expresado en episodios recientes como el ocurrido en Punta Arenas donde se le asignan atribuciones y responsabilidades a la Directora Regional, que por ley no tiene. Las Direcciones regionales funcionan de hecho y no de derecho pleno, ya que ONEMI es un organismo centralizado y concentrado.

Las actuales circunstancias han llevado a ONEMI a transitar entre el marco legal que la rige y la futura institucionalidad que actualmente se debate en el Congreso Nacional y que dará paso a un nuevo marco jurídico institucional que normará su funcionamiento y acotará las responsabilidades tanto de la Agencia Nacional de Protección Civil como del Sistema de Protección Civil. Hasta que ello no ocurra, no se pueden tomar esas supuestas responsabilidades y aplicarlas al actual marco legal.

Queremos señalar que el nuevo marco institucional que se analiza en el Congreso, no tiene una visión moderna y adecuada a las necesidades de lo que debiera ser un Sistema de Protección Civil, ya que desde nuestro punto de vista, le resta atribuciones a la Agencia Nacional (de Protección Civil) durante las emergencias y las traslada a un nuevo órgano que operativamente sería manejado por las Fuerzas Armadas, condición que se contrapone a lo que indican organismos internacionales, donde las emergencias no deben militarizarse, sino que apoyarse con estas entidades que deben operar bajo un mando y una coordinación civil y técnica.

Por otra parte, y también haciendo caso omiso de las recomendaciones de organismos internacionales, la nueva legislación no contempla el rol que deben realizar los municipios, tanto en la prevención como en el control de las situaciones de emergencia, que es precisamente ahí donde ellas ocurren y escalan. Damos a conocer a la opinión pública estos puntos e informamos que emprenderemos una ofensiva en el Congreso Nacional para poner en discusión una serie de temas que consideramos importantes para ser tomados en cuenta, cuyo objetivo es mejorar el proyecto de ley que actualmente esta en tramitación.