“Colusión de las Farmacias”: Suspenden audiencia por recusación voluntaria de dos ministros
Los magistrados que se recusaron fueron parte en la ratificación del acuerdo entre Farmacias Ahumada y la FNE que destapó este escándalo hace dos años.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema postergó hasta la próxima semana los alegatos de las cadenas de farmacias Cruz Verde y Salcobrand, que buscan anular la condena por US$19 millones que dictó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la colusión en los precios de al menos 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Esto porque dos ministros, Héctor Carreño y Sonia Araneda presentaron una recusación voluntaria a las partes, donde argumentaron que habían sido parte de los jueces que ratificaron el acuerdo entre Farmacias Ahumada y la Fiscalía Nacional Económica que permitió destapar este escándalo hace dos años.
Los jueces expresaron en su recusación que los abogados de Cruz Verde, Salcobrand y la propia Fiscalía Nacional Económica tienen un plazo de cinco días para expresar si aceptan la recusación y piden otros ministros integrando el tribunal de 5 magistrados o señalan que no tienen inconvenientes que sean los mismos letrados quienes revisen la sentencia del TDLC.
El fallo, emitido a fines de enero pasado, señala que se tuvo por acreditado, mas allá de toda duda razonable, la existencia de una colusión entre éstas cadenas y Farmacias Ahumada S.A., para alzar los precios de al menos 206 medicamentos, en el periodo comprendido entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, ambos meses inclusive.
La sentencia estableció la existencia de este acuerdo ilícito mediante evidencia directa, relacionando y cruzando la información contenida en correos electrónicos y declaraciones de ejecutivos de las cadenas de farmacias y de laboratorios involucrados, con la información de los movimientos efectivos de los precios a público de cada uno de los medicamentos indicados en el requerimiento, y con la información de las cotizaciones que regularmente cada cadena farmacéutica hace de los precios de su competencia.
Consultado el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irrarázabal sobre si esta recusación voluntaria trataba de eliminar las eventuales suspicacias que pudiese traer que los dos jueces ya supieran los hechos y tuvieran una posición definida, también como efecto de las críticas a los jueces de la Corte Suprema que aprobaron la construcción de las tres represas del proyecto HidroAysén, el personero señaló “no creo que hay acá suspicacias, ni segundas intenciones”.
Sin embargo, agregó que “estas cosas deben darse en las mejores condiciones. Obviamente con ministros totalmente empoderados en esta causa. Esta es una causa que es delicada, demás esta decirlo, así es que lo que nosotros estamos haciendo es esperando a que se apliquen las reglas procesales en estas materias y estaremos presentes y dispuestos a hacer los alegatos correspondientes cuando sea el momento adecuado”, resaltó el Fiscal Nacional Económico.
