Caso Bombas: Justicia desestima cargos de carácter terrorista y absuelve a los 6 imputados
Los imputados quedaron absueltos de los delitos de colocación de bombas y financiamiento de actos terroristas. Igualmente se levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre ellos.
Tras detallar cada uno de los atentados acreditados y calificar sólo como daños, incendio y lesiones los delitos que se les imputaban a los seis acusados, la jueza del Tercer Tribunal Oral de Santiago, Marcela Sandoval dictaminó como veredicto final la absolución de la totalidad de ellos.
De esta forma quedaron absueltos del delito de colocación de bombas Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Gustavo Fuentes Aliaga; igualmente Carlos Riveros y Omar Hermosilla fueron absueltos de los cargos por financiamiento terrorista.
Asimismo, se decretó el alzamiento inmediato de todas las medidas cautelares en contra de los 6 imputados.
Así culmina la investigación iniciada hace seis meses y que incluyó la presentación de 4.000 pruebas por parte de la Fiscalía además de la reciente recomendación por parte de los magistrados de rebajar la calificación desde “colocación de artefactos explosivos con carácter terrorista” a “simples daños”.
La jueza Sandoval apuntó que en definitiva el Ministerio Público no logró acreditar mediante las pruebas presentadas los delitos imputados, calificando la indagatoria de “parcial” y desestimando los cargos de carácter terrorista presentados por el ente persecutor.
Incluso la jueza fue clara al calificar de “espurios e ilícitos de algunos de las documentos presentados como pruebas”.
La resolución fue recibida con aplausos y gritos de alegría en la sala del Centro de Justicia que acogió el veredicto unánime de los jueces Carlos Carrillo, Marcela Sandoval y Blanca Rojas. La sentencia será entregada el próximo 2 de agosto a las 11 de la mañana, entonces se entregarán los fundamentos pormenorizados del fallo.
Revés para el Ministerio Publico
Tras el veredicto, el abogado defensor Rodrigo Román no dudó en subrayar que éste representa un claro revés para el Ministerio Publico. “Se ha demostrado la desprolijidad de las acusaciones y la falta de profesionalismo de las policías”, apuntó.
Julio Cortéz, otro de los abogados defensores manifestó que “hubo una porfía extrema por parte del Ministerio Público en perseguir lo imposible con una asociación ilícita que no existió más que en su imaginación” y agregó que “aquí no hubo un debido proceso y eso se evidenció cuando el caso se comenzó a desarmar, recordemos que aquí se aportaron pruebas delirantes como un poster de Axl Roses o una bolsa de pasas”.
A su turno el abogado defensor, Mauricio Daza, indicó que con “el veredicto entregado concluyen dos años de trabajo en los que no sólo se absolvió a la totalidad de los imputados, si no que se establece una serie de graves irregularidades cometidas a lo largo de la investigación”.
“Queremos que se investigue la ilegalidad de la principal prueba del caso que fue obtenida bajo tortura y que además fue dictada por un fiscal”, agregó Daza en relación a los dichos del ex imputado Gustavo Fuentes Aliaga quien denunció que fue torturado por un coronel de Carabineros, frente a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, a fin de que declarara e inculpara a sus compañeros.
Al ser consultado respecto de si la defensa emprenderá acciones judiciales en contra de autoridades del Ministerio Público y el gobierno, léase el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Alejandro Peña, ante las múltiples irregularidades denunciadas, Daza manifestó aún es temprano para ello, pero si existe la claridad de que “en este caso el problemas son personas con nombre y apellido que usaron políticamente en su beneficio una causa criminal, espero que ellos respondan personalmente por sus acciones y no a través del Estado, que no pague Moya finalmente”.
Desde la otra vereda el representante de la Fiscalía Regional metropolitano sur Raúl Guzmán, no se pronunció respecto del veredicto, limitándose a indicar que esperarán a conocer los fundamentos del fallo en agosto para determinar los pasos legales a seguir.