Evo Morales acoge demandas de policías que saquearon las sede de la Inteligencia
El presidente boliviano se declaró preocupado por la sublevación. Los 30 mil amotinados son mayoritariamente agentes rasos, cabos y sargentos, un 85 % del cuerpo policial, que reclaman los mismos ingresos que los militares de su nivel. Las calles de La Paz no tienen protección, ni control de tráfico.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció este viernes atender las demandas de miles de policías amotinados por mejores salarios, después de que saquearan un edificio donde funcionan la Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la entidad, a unos 100 metros de su despacho.
El ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, dijo que Morales regresó anoche de la Conferencia de la ONU Río+20, dos días antes de lo previsto, porque tiene preocupación por la sublevación y ha ordenado a sus ministros resolver el conflicto.
“Nos ha instruido de manera expresa que se pueda trabajar, se pueda efectivizar la atención de los requerimientos de la Policía”, dijo Romero en una breve comparecencia ante la prensa en el Palacio de Gobierno, en la que no aceptó preguntas.
Los amotinados son la mayoría de los 30.000 agentes rasos, cabos y sargentos, el 85 % del cuerpo policial, que reclaman los mismos ingresos que los militares de su nivel.
Además, exigen que se amplíen los beneficios de su jubilación, derogar una ley disciplinaria que, según ellos, no les permite defenderse, y crear una Defensoría del Policía.
Romero dijo que ha comunicado a los dirigentes de los amotinados que quiere elevar sus sueldos mensuales a unos 287 dólares.
Los policías dicen que ganan ahora 178 dólares al mes y piden que su escala salarial sea similar a la de las Fuerzas Armadas, donde un uniformado de igual nivel recibe el doble.
El salario mínimo de Bolivia, uno de los países más pobres de América, es de 144 dólares mensuales y el sueldo medio apenas pasa de 546, según cifras de 2011.
Romero pidió a los sublevados “suspender las acciones de hecho”, como la ocupación y saqueo de instalaciones policiales, o la quema de sus archivos, y afirmó que desde anoche hay un canal de diálogo abierto para buscar una solución al conflicto.
Un dirigente de los policías, Édgar Ramos, replicó que esperan que el Gobierno les haga llegar por escrito cualquier invitación a dialogar, con una propuesta concreta, mientras que Guadalupe Cárdenas, líder de las esposas de los agentes, agregó que solo aceptarán dialogar directamente con Morales.
Horas antes, cientos de agentes y sus mujeres saquearon las oficinas de la Inteligencia, Interpol y el Tribunal Disciplinario de la entidad, quemaron computadores, muebles y documentos, y destruyeron puertas y ventanas del edificio, en cuyo techo había policías uniformados, armados y encapuchados.
Portavoces del movimiento, que no quisieron identificarse por miedo a represalias, dijeron que el ensañamiento con ese edificio se debe a que el Tribunal Disciplinario es muy duro con los agentes de bajo rango, sin darles derecho a la defensa.
Los amotinados hallaron varias cajas de cervezas en ese Tribunal y se enfurecieron porque creen que allí, donde se aprueban sus castigos, no se hace un trabajo serio.
El fuego fue controlados por los bomberos dos horas después de que los rebeldes se retiraran del lugar y regresaran a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), tomada de forma violenta el jueves y de donde se apropiaron de armas y municiones.
Los policías también atacaron comandos y quemaron muebles y documentos en Cochabamba, se amotinaron en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz y protagonizaron otras protestas en Sucre, Potosí, Tarija, Oruro y otras poblaciones.
Decenas de mujeres de los amotinados están en huelga de hambre y bloquean accesos a varias oficinas de la institución.
Los rebeldes pasaron hoy varias veces ante el Palacio Quemado (sede de Gobierno), coreando “motín, motín”, lemas contra el mandatario, peticiones de renuncia y acusaciones de que es incapaz de solucionar el conflicto.
El Palacio está cerrado desde ayer y en su interior sigue el trabajo bajo la custodia de la Policía Militar, que tiene apostada una compañía detrás de la puerta principal y otros accesos.
Las calles de La Paz ya no tienen protección, ni control de tráfico, y los bancos y muchos comercios adelantaron el cierre de sus puertas.