Vuelven las comisiones asesoras: gobierno nombra a 7 especialistas para modificar la reforma procesal penal
El titular de Justicia, junto con delinear las materias en que se centrará el trabajo del Ejecutivo, anunció la creación de una comisión asesora de su cartera, la cual comienza sus funciones este lunes.
Tal como lo anunciara ayer el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, esta mañana el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, se refirió a los avances del Ejecutivo en la elaboración de la iniciativa que busca introducir cambios en el sistema procesal penal, conocido también como “la reforma a la reforma”.
El secretario de Estado anunció la creación de una comisión asesora del ministerio de Justicia en estas materias, la cual estará conformada por el penalista y asesor de la cartera de Interior Juan Domingo Acosta, la directora de Paz Ciudadana, Javiera Blanco, el diputado Edmundo Eluchans, el senador Alberto Espina, y los académicos José Francisco García (PUC), Julián López y Cristián Maturana (U. de Chile).
Respecto a la comisión, Ribera explicó que ésta es ad honorem, que sus integrantes ya han sido contactados y comienzan a trabajar este lunes.
El ministro también delineó una serie de puntos que abarcará esta reforma, entre los que destacan:
– Lograr una mayor coordinación entre quienes integran el sistema de justicia -las policías, los tribunales, etc.- con medidas que incluyen la simplificación en el proceso de constatación de lesiones y para la comparecencia de peritos a tribunales.
– Profundizar la capacitación de las policías, en particular en lo relacionado con las primeras diligencias en la investigación de los delitos; gestiones para lograr una base unificada de datos y un formato de parte único para ambas policías.
– Reformar el Código de Procedimiento Penal y otras leyes relacionadas. “Hemos detectado más de 23 materias que necesitan un perfeccionamiento” dijo al respecto el ministro Ribera, entre las que enumeró: facilitar la participación de las víctimas en el proceso, a fin de que puedan impugnar ciertas decisiones que se producen durante el juicio; ampliar medidas de protección a víctimas de delitos sexuales; y revisar las normas sobre responsabilidad penal adolescente en los casos de infractores prolíficos o profesionales.
La etapa siguiente, según lo dispuesto por el Mandatario, es consultar al Poder Judicial, al Ministerio Público, la Defensoría, la PDI, Carabineros y Gendarmería, así como a centros de estudios, académicos y ex autoridades, a fin de contar con la mayor cantidad de criterios para el futuro cuerpo legal.
El secretario de Estado espera que el proyecto “cuente con un amplio apoyo social, por ser una demanda ciudadana. La gente quiere vivir en paz y tranquilidad”, acotó.
“Esto apunta a la lucha contra la delincuencia, y para que ésta sea eficaz necesitamos el compromiso de todos”, sostuvo el ministro quien no considera que la iniciativa enfrente mayor oposición. “Creo que los consensos serán mayores de lo que se espera”, indicó.
“Espero que exista una apertura de mente, y mas comprensión de lo que espera la gente”, manifestó Ribera, quien llamó a esperar que las propuestas presidenciales estuvieran terminadas. “No emitamos juicios anticipados“, finalizó.
