Así operaba la red de corrupción que involucra a 10 ex funcionarios de la PDI

Un total de 123 delitos involucra la formalización a los 10 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que fueron detenidos ayer tras una larga investigación desarrollada por el fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, por prácticas de corrupción y abuso de poder.

Dicha indagatoria dejó a la luz una serie de conductas y actividades ilícitas que formaban parte de una práctica de corrupción policial de parte de estos detectives en contra de personas vinculadas al tráfico de drogas, quienes eran blanco de diversas acciones destinadas principalmente a quitarles droga, dinero y especies, para luego generar los procedimientos que concluían con las víctimas detenidas, gracias a que se falseaban los antecedentes que se ponían a disposición de la fiscalía y de los tribunales.

La investigación da cuenta del modus operandi que habían establecido estos detectives para presentar falsamente los hechos ocurridos a la justicia, para lo cual siempre referían supuestas “llamadas anónimas” y uso de agentes encubiertos inexistentes, lo que les permitió realizar numerosos procedimientos antidrogas viciados, lo que abre la posibilidad cierta de que los mismos sean anulados.

Aparte del caso que afectó a Paula Gamboa y que terminó con uno de los detectives apuñalado el pasado el pasado 21 de marzo, se suman otros nueve hechos de similares características, siempre con el truco de la “llamada anónima”. El objetivo real: apropiarse de la droga, especies y presentar un procedimiento viciado e ilegal como exitoso.

Uno de estos hechos se produjo el 12 de julio de 2012. Algunos de los funcionarios imputados informaron que en horas de la mañana recibieron un antecedente anónimo respecto a que una mujer se encontraba vendiendo nuevamente droga en su domicilio. Agregan que realizaron auscultaciones discretas del lugar y solicitaron a fiscalía de Flagrancia la autorización para la designación de agente revelador, la que sería realizada por el detective Juvenal Pérez Blanco.

Según el informe de los policías, el detective encubierto se dirigió a pie hasta el domicilio señalado donde habría comprado un papelillo de droga. Luego pidieron la orden de ingreso y registro, la que no fue otorgada hasta que se realizara un control de identidad de un consumidor asociado a dicho domicilio.

Luego, tras la vigilancia supuesta del lugar, reportaron la compra de parte de un conductor de un taxi, a quien se le controló y se le habría encontrado droga. Ello sirvió para obtener la orden del tribunal. No hubo uso de fuerza, señalaba el informe, porque el único acceso se encontraba abierto, y que por indicación voluntaria de la imputada, el inspector Borneck encontró en el cielo del primer piso, a un costado de la escalera de acceso al segundo nivel, la droga escondida.

Toda esa información es falsa, ya que se pudo establecer que no existió la referida compra por agente revelador alguno, ni los funcionarios policiales efectuaron vigilancia a la compra efectuada por el taxista, ni la imputada por microtráfico entregó datos de ubicación de la droga, sino que todos los antecedentes fueron entregados por un sujeto que cumplió las funciones de informante encubierto, que estaba al servicio de estos policías, ello sin conocimiento o autorización del fiscal y sin cumplirse ninguno de los requisitos que el art. 25 de la ley 20.000 establece para la utilización de esta técnica investigativa.

Las escuchas telefónicas con que cuenta la Fiscalía Occidente evidencia el uso de personas adictas a las drogas como informantes era práctica habitual de estos ex funcionarios policiales para ubicar o marcar casas donde se vendía droga, para luego allanar ilegalmente esos domicilios y hacerse de drogas y dinero.