Abuso sexual infantil: El plan de protección integral que aún está pendiente
Chile es el único país de latinoamércia que no tiene una Ley de Protección integral de los derechos de la Infancia, la que permitiría diseñar políticas públicas bajo estándares comunes y eliminar las iniciativas locales.
Solo cuatro horas antes de que el país se estremeciera con la noticia del desbaratamiento de una presunta red de explotación sexual infantil el pasado 15 de noviembre -donde fueron aprehendidos el creador de la historieta Barrabases, Guido Vallejos, y el productor musical de TVN, Jaime Román-, el gobierno lanzaba otra iniciativa para prevenir el abuso sexual infantil.
Esta vez se trataba de la campaña ‘El abuso no es cuento’, medida lanzada por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, junto a una treintena de escolares en la comuna de Recoleta. Ese día, el secretario de Estado presentó los tres libros dirigidos a los menores: “Cata, Benja y su hada madrina” para niños de hasta 6 años, “Cata, Benja y Pincho, tres amigos fuera de serie” para niños entre 6 y 12 años, y “Cata y Benja online”, libro para adolescentes.
Estas campaña, lejos de ser bien recibida, fue criticada por los especialistas tanto por no entregar una figura clara de un adulto responsable, como por ser otra de las tantas medidas atomizadas y sin un lineamiento común que entrega el Gobierno sobre esta materia, la que ha enfrentado un notorio aumento en sus denuncias.
Lanzamiento El abuso no es un cuento/Agencia Uno
Según datos del organismo encargado, el Servicio Nacional de Menores, Sename, hasta septiembre de este año, se registró un aumento de 6,8% en las denuncias por delitos sexuales hechas en Fiscalía, respecto al mismo periodo del año pasado (de 15.293 a 16.332). Además, el delito específico de abuso sexual a un menor de 14 años (con contacto) registró 1.038 denuncias adicionales , es decir un aumento del 30%.
Es por ésto que, según los especialistas, las medidas del gobierno, como la campaña “El abuso no es cuento”, “ayudan, pero no son la solución, porque las respuestas que se han ido dando son puntuales, no hay concebido un plan integral de cómo abordamos el abuso sexual desde la prevención hasta la reparación”, explica la encargada del Área de Protección de Derechos de la Unicef, Soledad Larraín.
En la misma línea, Alejandra Riveros, Asesora Nacional de Abogacía, Aldeas Infantiles SOS Chile asegura que “hoy tenemos una serie de políticas públicas que son fragmentadas, que no logran articularse entre sí y que tienen la mirada focalizada en la intervención una vez que el problema sucede, más que dirigido a prevenir los problemas y en ese caso incidir directamente en los factores de riesgo que afectan a las víctimas”.
La especialista de la Unicef añade que además que las políticas de abuso sexual infantil se centran casi exclusivamente en el Sename, un organismo que “no tiene los recursos y que nunca va a poder responder si sigue siendo la única institución encargada en este tema”, sentencia.
“Además, el Ejecutivo ingresó un proyecto para eliminar el Sename y crear dos servicios, y ahora le pondrá suma urgencia, pero nosotros planteamos que esta ley no resolverá sus falencias”, sentencia Riveros.
Ley de Protección integral de los derechos de la Infancia
Según los especialistas, una medida que ayudarían a frenar el alza en los casos de abuso sexual infantil, y de explotación sexual, sería crear una ley de protección integral de los derechos de la infancia, la que permitiría al gobierno establecer un plan de acción común en estos casos y que eliminaría las iniciativas atomizadas que surgen desde diferentes instituciones.
Esta ley está presente en todos los países de latinoamércia, excepto en Chile, y favorecería generar desde un mismo lenguaje para tratar los casos de violencia sexual hasta estándares y metas de prevención en común.
Según Soledad Larraín, tener una política integral para la infancia “implica que tiene que haber un ente articulador que trabaje en conjunto con las instituciones que trabajan con la infancia”.
Para Alejandra Riveros, Asesora Nacional de Abogacía, Aldeas Infantiles SOS Chile, contar con una Ley de Protección Integral de los derechos de la Infancia “es súper relevante porque da el marco rector en términos jurídicos para hacer el diseño de políticas públicas”.
“Con una ley integral sería obligatorio para el Ministerio de Educación meter este tema en las mallas curriculares, para Salud sería obligatorio visualizar factores de riesgo por ejemplo en los consultorios, permitiría que en la política del Chile crece contigo, que coordina el Ministerio de Desarrollo Social, esto fuera un tema a trabajar. En definitiva habría una política universal para todos los menores de 18 años, independiente de su condición socio económica”, explica la especialista.
Hasta un año de espera…
Otro punto importante que es criticado por los especialistas, y que también se vería favorecido con la creación de una ley de protección integral de la infancia, son las políticas reparatorias con las víctimas de abuso sexual.
Según los especialistas, una vez que se realiza la demanda, los menores muchas veces deben esperar hasta un año para comenzar con un tratamiento de reparación, es decir, una terapia que incluye técnicas de intervención posteriores al abuso, donde se acompaña a la víctima incluso por dos años.
“La atención reparatoria es fundamental para los niños porque cuando viven estas situaciones quedan con un daño emocional y afectivo importante. Con la demanda que existe hoy ya está totalmente sobrepasada, hay tiempos de espera de hasta un año y eso tendría que ser una respuesta inmediata”, dice Soledad Larraín.
En la misma línea, Riveros asegura que “la fase intervención está súper en pañales, casi no hay oferta de reparación y está atomizada. Los niños esperan mucho rato y está focalizada en personas de escasos recursos”.
