Luis Hermosilla, de abogado personal de Ubilla a asesor premium del Plan Frontera Norte
Según informa el Ejecutivo, el abogado, uno de los penalistas más reconocidos de la plaza, obtendrá a fin de año $1.666.667 por tres meses de ardua asesoría para el Ministerio del Interior.
Tres meses de intensa asesoría en el Ministerio del Interior, analizando acuciosamente las licitaciones públicas del polémico Plan Frontera Norte y recomendando los cursos de acción a tomar, le significarán a Luis Hermosilla, uno de los abogados penalistas más conocidos y recurridos de la plaza, recibir un discreto pago único de $ 1.666.667 (menos impuesto) a fin de año.
Eso es, al menos, lo que señala el convenio suscrito el 5 de octubre entre el conocido abogado y el Ministerio del Interior y al tuvo acceso El Dínamo después de consultar vía Ley de Transparencia en esa cartera los honorarios de quien representa al subsecretario Rodrigo Ubilla en la denuncia por la compra de equipos antidroga que iban a ser adquiridos pagando un 400% de sobreprecio.
Las cláusulas del documento establecen, entre otros aspectos, que Hermosilla analizará el resguardo de la legalidad, la probidad y la integridad del patrimonio fiscal en las licitaciones públicas del Plan Frontera Norte, y hará las respectivas recomendaciones. Todo por $555.555 al mes, cifra que resulta de dividir el monto total por los tres meses que el penalista estará prestando sus servicios al Gobierno.
Según la información proporcionada por Interior, Hermosilla recibirá sus honorarios el 31 de diciembre, sólo después de que emita un informe por escrito detallando las labores desempeñadas, el que deberá ser visado por la jefa de gabinete del subsecretario del Interior.
El convenio fue aprobado mediante Decreto Exento N° 3.874 del 18 de octubre, el cual indica el objeto de la contratación y entrega antecedentes que regulan el acuerdo entre el abogado e Interior.
En sus considerandos, el citado decreto expone que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública “necesita contar con personas calificadas para desempeñarse en la subsecretaría de Interior”; que “el ministerio carece de personal suficiente” para llevar a cabo funciones “que no pueden ser asimiladas a las posiciones de la escala única de sueldos” y que el convenio “no otorga calidad de funcionario público al abogado”, quien reúne las condiciones de “especialización e idoneidad” para prestar asesoría en la subsecretaría.
Tres veces la misma querella
En su primera semana de asesoría a la cartera, Hermosilla acompañó al subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en la presentación de una querella contra quienes resulten responsables de los delitos de fraude al fisco y violación de secreto en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la compra de equipamiento antidrogas, que gatilló la salida del ex fiscal Alejandro Peña del Ministerio del Interior.
¿La razón? El Código Procesal Penal dispone que los órganos y servicios públicos sólo pueden interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades para ello. Y para el caso del Ministerio del Interior, la Ley Orgánica dispone que el querellante sea el titular de la cartera, en ese momento, Rodrigo Hinzpeter.
Ubilla y Hermosilla debieron corregir el libelo para evitar que fuera declarado inadmisible. Sin embargo, el tribunal volvió a rechazarlo, cuestionando una vez más las atribuciones del subsecretario para suscribir la querella.
Finalmente, el recurso fue declarado admisible. Pero para ello Ubilla debió presentarlo como persona natural, cuestión que le acarreó una serie de críticas y sembró dudas en torno a la mentada “especialización e idoneidad” de Hermosilla y su rol en una acción personal del subsecretario.
Frente a las suspicacias, el entonces vocero de Gobierno Andrés Chadwick salió a aclarar que Ubilla pagaría de su sueldo los servicios del abogado. “El ministro del Interior tendrá que informar si hay algún pago adicional por ser una querella en la que se están defendiendo o esclareciendo hechos que tienen el carácter público o que fueron efectuados por funcionarios públicos”, señaló.
El informe que según explica el Gobierno deberá redactar Hermosilla a fin de año para explicar en detalle las labores desempeñadas en Interior y recibir así su pago por $ 1.666.667, probablemente vincule los cabos que aún siguen sueltos en la historia.
