Karen Atala: "Una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros"

El Estado chileno realiza el acto de desagravio a la jueza Karen Atala, respondiendo a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la discriminación de la que fue víctima debido a su orientación sexual que significó la pérdida de la tuición de sus hijas hace casi 9 años.

La ceremonia responde a la discriminación sufrida por Atala en la Justicia chilena, luego que la Corte Suprema determinara que sus tres hijas quedaran bajo la tuición del padre en el 2004, debido a que la jueza es lesbiana y vivía con su pareja, Emma de Ramón.

En el acto, que estuvo presente el ministro de Justicia, Teodoro Ribera; la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei; y la ministra del Sernam, Carolina Schmidt, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, Karen Atala hizo uso de la palabra dando testimonio de lo que significó este proceso que terminó con la presente ceremonia.

“Vivir con una mujer fue sancionado con la pena más grave para una madre: Quitarle la tuición de sus hijas”, señaló Atala agregando que “se me apretó el corazón” cuando supo el dictamen.

“Fuimos vulneradas, aún cuando la Constitución dice que somos igual en derechos”, agregó la jueza, quien explicó que esto se produce porque “nuestra ley de familia se ha quedado anclada a otros paradigmas”, concluyendo que “una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”.

“Esta sentencia viene a dignificar a todas esas madres lesbianas y padres gays que han perdido derechos o han tenido que invisibilizar o silenciar su vida afectiva para mantener sus derechos. Esto debe ser un nunca más”, sentenció.

Atala aprovechó la ocasión para agradecer a las entidades que la apoyaron y asesoraron en el proceso: Asociación de abogados de libertades publica, el centro de Derechos Humanos de la UDP y la Corporación Humanas.

El Ministro Ribera indicó que “la próxima semana continuaremos con fuerza y fe el proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos”, agregando que uno de los ejes del gobierno es el “combate continuo y progresivo contra toda forma de discriminación”, destacando la la entrada en vigencia de la ley antidiscriminación.

Entre las medidas reparatorias que ordenó la Corte Interamericana, aparte del acto público de desagravio y reconocimiento internacional con presencia de autoridades de gobierno y representantes del Poder Judicial, el Estado debe publicar íntegramente el fallo, entregar atención médica psiquiátrica y psicológica para las víctimas y el pago de los montos señalados en la sentencia, según informó La Tercera.

Los montos que la Corte ordenó al Estado cancelar corresponden a 20 mil dólares a Karen Atala, 10 mil dólares para cada una de sus tres hijas por el daño inmaterial sufrido, 10 mil dólares para el pago de los gastos médicos en que han incurrido y 12 mil dólares por las costas y gastos del juicio.