Servicio de Evaluación Ambiental despachó nuevas denuncias contra Hidroaysén

La seremi de Desarrollo Social, a solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental, emitió el 15 de marzo un informe en el cual da cuenta que HidroAysén ha incumplido una serie de condiciones que se le impusieron durante la aprobación del proyecto en mayo de 2011. Todas ellas relacionadas con el Plan de Relocalización (PDR) que la empresa debe acordar con las familias directamente afectadas por la inundación de sus propiedades y irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente.

El crítico documento del organismo se suma a la carta que a principios de febrero de este año el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, enviara al Comité de Ministros denunciando la situación del poblador René Muñoz Catalán, a quien la empresa se niega a incorporar al PDR en igualdad de condiciones al resto de las familias amenazadas directamente por el embalse y obras del proyecto.

El edil informó que pese las “categóricas” condiciones impuestas en la RCA “nos preocupa que la empresa no esté acatando lo resuelto por ustedes, por cuanto si bien lo incluyó en el PDR, lo hicieron en calidad de especial, entregándole a don René una propuesta que no guarda relación con lo ordenado ni con lo ofrecido a los otros pobladores afectado”. Y pidió que el organismo “pueda exigir a la empresa que se ajuste a derecho y cumpla con lo ordenado”.

Cabe recordar que el pasado 13 de diciembre Christian Betancourt, director regional (s) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), envió dos oficios a la seremi de Desarrollo Social, Geoconda Navarrete, solicitando informes que indicaran con exactitud si HidroAysén había cumplido o no las condiciones de la RCA en materia de “reuniones mensuales, acuerdos definitivos y apoyo técnico independiente de verificación de la calidad de predios agrícolas” relacionadas con el PDR, específicamente en los casos de René Muñoz y Elizabeth Schindele. Esto, a raíz de denuncias interpuestas previamente ante dicho organismo por ambos afectados

En el caso de René Muñoz se comunicó que en lo relativo a las reuniones, estas se iniciaron recién en septiembre de 2012 y en una de las cuales se le entregó una propuesta sobre cómo se incorporaría al respectivo Plan de Relocalización. Para el organismo el problema es que esta oferta “no fue conversada previamente con don René Muñoz, sin contar con un acercamiento a la familia antes de la negociación, la cual es rechazada por el afectado. Luego en octubre se le entrega una carta donde se le invita a una posible reunión para aclarar los puntos relacionados con su condición de afectado por el proyecto. Hasta el día de hoy el titular no ha entregado nada al respecto”.

Es así que la obligación de presentar en el plazo de un año (contado desde la notificación de la RCA aprobatoria) los acuerdos definitivos para cada una de las familias sujetas al PDR tampoco se ha cumplido. Ante esto, la seremi de Desarrollo Social sugiere a la Comisión de Evaluación Ambiental “inicie un procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades y sanciones si da lugar”.

En el caso de Elizabeth Schindele el respectivo informe también consigna que hubo incumplimiento en cada una de las áreas: reuniones mensuales, acuerdos definitivos y apoyo técnico independiente de verificación de la calidad de predios agrícolas. Primero, constata que no se han realizado todas las reuniones obligatorias e incluso que en una de las últimas se le comunicó a la pobladora que las nuevas reuniones de negociación serían en las oficinas de HidroAysén, lo cual no procede. En segundo término, y a pesar que la empresa informara en septiembre de 2012 al SEA que habría llegado a acuerdos definitivos con cada una de las familias, “si se evalúa desde el punto de vista de los requisitos mínimos que debían cumplirse para establecer estos acuerdos, podemos decir que hasta el día de hoy no existe acuerdo, ya que para llegar a ellos, se debe seguir ciertos pasos”.

En el caso específico de Elizabeth Schindele, la pobladora ha rechazado llegar a acuerdo porque “le están ofreciendo un predio que no iguala sus condiciones iniciales”. Ante esto y al igual que en el caso de René Muñoz, la seremi de Desarrollo Social solicita recomienda que se inicie un procedimiento administrativo.

Una vez recibidos ambos informes, el 19 de marzo el SEA los derivó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para que ejerza sus funciones fiscalizadoras y sancionatorias.

La monitoreo del alcalde de Cochrane

Una entidad que ha estado monitoreando de cerca la situación de los pobladores que serían relocalizados es la municipalidad de Cochrane.

A la denuncia que enviara a principios de febrero al Comité de Ministros por los incumplimientos de la empresa con René Muñoz, agregó un oficio a la SMA el 19 de marzo de este año. En ella, luego de dar cuenta de las quejas que ha recibido por los pobladores René Muñoz Catalán y Marcos Muñoz Guajardo, pide a la superintendencia que “fiscalice y evalúe lo denunciado por ambos vecinos de Cochrane, por cuanto tal como lo hemos reiterado siempre, ellos nos pidieron estar en esta situación por lo tanto merecen que la empresa cumpla en tiempo y forma con las obligaciones adquiridas, atendiendo en forma responsable sus distintas realidades”.