Corte de Apelaciones recibió alegatos por recursos contra Punta Alcalde

Tras dos suspensiones este jueves la Novena Sala de la Corte de Apelaciones retomó los alegatos por los cuatro recursos de protección interpuestos en contra del polémico proyecto termoeléctrico Punta Alcalde de propiedad de la firma Endesa. Tras el fin de la audiencia, que se extendió por 5 horas, el caso quedó en acuerdo y a la espera del fallo que se entregará dentro de un mes.

Los recursos que se vieron apuntan contra la decisión del Comité de Ministros que dio luz verde al proyecto y el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y fueron presentados por diversos abogados en representación del Municipio de Huasco, los pescadores artesanales de la zona, la ONG Oceana,  agrupaciones de vecinos y representantes de la sociedad civil de Huasco y Freirina, el diputado Alberto Robles y la senadora Isabel Allende. Además estuvo presente en la audiencia el edil de Huasco, Rodrigo Loyola.

En este contexto, ayer los recurrentes presentaron cuatro nuevos recursos contra la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto termoeléctrico, pero la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó verlos en forma conjunta, consigna el DF.

Coincidiendo con los alegatos, se desarrollaron a lo largo de toda la mañana protestas de parte de grupos medioambientales en el frontis de los Tribunales

Cabe recordar que la central termoeléctrica entró a tramitación ambiental en febrero de 2009 y tendrá una capacidad instalada de 740 MW, en dos unidades, por lo que demandará una inversión de unos US$ 1.700 millones.

A principios de marzo pasado, la construcción de la termoeléctrica se paralizó  tras una resolución del tribunal de verano de esta misma corte, que acogió una orden de no innovar en el recurso de protección interpuesto por trabajadores y habitantes del valle del Huasco.

Dardos en contra del Comité de ministros 

La audiencia de inició con los alegatos del abogado, Carlos Mora, quien representa a la Municipalidad de Huasco y que fundamentó en contra del Comité de Ministros. A su juicio, el organismo actuó de forma ilegal al superar el plazo legal de 60 días para revisar observaciones, además no pidió informes a todas las entidades que participan de la evaluación y se incorporaron antecedentes nuevos desconocidos por la instancia técnica regional.

Igualmente cuestionó que los ministros tengan aptitudes técnicas para evaluar el proyecto.

A su turno la representantes de Oceana, Natalia Alfari, dijo que el Comité de Ministros excedió sus facultades y ejerció abuso de poder. Según Alfari, el acuerdo entre Endesa y CAP fue ingresado pocos días antes y sólo fue firmado por Endesa, y además se desconoce el acuerdo. Asimismo, explicó que Endesa negó varias veces el impacto en el aire.

Por su parte, Álvaro Toro, abogado de los vecinos, subrayó que el Comité evaluó otro proyecto al introducirse elementos significativos que justificaban revertir la resolución del CEA. Toro agregó que el precipitador electroestático es un acuerdo entre el Comité y Endesa para aprobar el proyecto.

La abogada Paula Villegas, representante de los pescadores artesanales, dijo que las decisiones del Comité carecen de fundamentos técnicos ya que no realizó un pronuniciamiento “científico y real sobre como el proyecto afectaría al medio marino, actuando de manera ilegal”, publica La Tercera.

Villegas además anunció querella contra el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro, debido a que el pasado 6 de abril se publicó en Diario Oficial la aprobación del proyecto termoeléctrico pese a que ya estaba paralizado. Igualmente, no descartó una acusación constitucional contra los secretarios de Estado que integran el Comité de Ministros.

La defensa del Comité de Ministros 

Desde la otra vereda, el abogado del cuestionado Comité de Ministros, José Moreno, replicó que los argumentos en contra de la instancia son falsos, porque ésta tiene un plazo legal definido para ver las reclamaciones sin suspensiones, asuntos que sí tiene la evaluación ambiental. 

De cara a la competencia de los ministros para evaluar, Moreno señaló que la ley no establece más requisitos adicionales que sus cargos. En esta línea subrayó que el Comité puede resolver de manera distinta que el evaluador porque así está contemplado en la ley.

Frente al sustento técnico que se le reclama, el abogado replicó que ello está en los informes que pidió a los diferentes organismos que participaron de la evaluación y al mismo Servicio de Evaluación Ambiental.

Otro de los abogados del Comité, Edesio Carrasco, destacó que la entidad no evalúa nuevos impactos sino que éstos estaban siendo analizados en la evaluación y que llevaron, de hecho, a rechazar el proyecto. Frente al emplazamiento que indica que no se llamó a una nueva participación ciudadana, el abogado sostuvo que el Comité no tiene facultades para abrir una nueva convocatoria.