Intervendrán 34 residencias Sename, mientras piden renuncia de su director y ministra de Justicia

Una inaudita investigación a cargo de UNICEF y del Poder Judicial reveló los abusos a los que están  14 mil niños chilenos que viven en Aldeas SOS. A través de entrevistas realizadas por magistradas de los Tribunales de Familia, como: Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez, se determinó que la vulneración de sus derechos es algo habitual.

La investigación se realizó entre julio y noviembre de 2012 y se aplicó sobre los 14 mil niños que viven en las Aldeas SOS, y que por ley deben ser protegidos por el Estado debido a que fueron abandonados, o sufrieron abusos, por parte de sus familias.

El informe, dado a conocer por CIPER Chile, cita el caso de un hogar en Arica, Ajillasga, donde se detectó una red de explotación sexual organizada por las guardadoras. Este caso es particularmente dramático. Según se señaló, el grupo de 24 niñas salían del hogar y volvían de madrugada, drogadas. Una de ellas está contagiada de VIH, y reconoce tener relaciones sexuales con otras menores, además no recibe ningún tipo de tratamiento. Otras dos niñas tienen cáncer cérvico – utérino, y tampoco reciben tratamiento.

En Punta Arenas se detectó que un hogar de monjas medicaba sin supervisión  a los niños, los que además sufrirían de violencia física.

El abuso sexual sería una de las constantes en los hogares, según el informe, el 10% de los niños bajo protección del Estado ha participado en algún tipo de abuso sexual, como víctima o victimario. También sería común la violencia física  en contra de los más pequeños, por parte de los cuidadores o de los niños mayores, y la privación de la comida, como método de castigo.

Son cientos los casos que se denuncian en el llamado Informe Jeldres, debido a que la investigación estuvo a cargo de la jueza Mónica Jeldres. En marzo el documento fue entregado al Poder Judicial, pero una serie de críticas metodológicas retuvo la información hasta ahora, cuando el Centro de Investigación Periodística reveló la información a la ciudadanía.

Gobierno ordena intervenir 34 hogares

A pesar que el director del SENAME, Rolando Melo, reconoce en una entrevista con CIPER, que la ministra de Justicia, Patricia Pérez, sabía desde marzo que la investigación había concluido, recién ahora, y después que la información saliera a la luz pública, se tomaron medidas.

Según indicó la secretaria de Estado, se intervendrán 34 hogares. Un equipo de 50 profesionales recorrerá cada uno de los recintos para constatar en terreno las condiciones bajo las que están funcionando. Además, desde el SENAME informaron que cuatro residencias fueron cerradas por irregularidades, ubicadas en Valparaíso, Cauquenes, Arica y Santiago.

Según publica hoy La Tercera, el fiscal Sabas Chahúan informó que la Fiscalía se hará parte de la investigación: “Como fiscalía estamos obligados a investigarlos, especialmente ya que serían delitos bastantes graves cometidos contra menores”. Para ello, enviarán un informe a los fiscales que tengan competencia para que investiguen los casos denunciados por la investigación.

En el Congreso, diputados anunciaron la creación de una comisión investigadora, para poder acceder al informe elaborado por la Unicef y el Poder Judicial, el que aun no se hace público. La diputada del PPD, María Antonieta Saa, aseguró: “Es importante conocer ese informe y revisarlo, porque mucho de lo que se describe habla de financiamiento y eso es grave. El Sename atiende a 20 mil niños abusados y se calcula que en el país son 400 mil. Estamos en deuda con todos ellos”.

Piden renuncia de ministra Pérez y director del SENAME

La directora de la ONG Activa, Gloria Requena, salió a solicitar la renuncia de la titular de Justicia, Patricia Pérez, y del director del SENAME, Rolando Melo. Según declaraciones reproducidas por Meganoticias, Requena argumentó su posición: “Creemos que las autoridades son responsables de cada violación de estas menores, por conocer la situación y no tomar las medidas para evitarlas, por lo que solicitamos al gobierno separe de sus cargos tanto al director de SENAME como a la ministra Patricia Pérez por el riesgo que representan para la integridad de los menores que por ley están obligados a resguardar e interponga las acciones penales destinadas a esclarecer y sancionar los graves hechos denunciados”.

Requena denuncia que la actual secretaria de Estado ya estaba en conocimiento de los abusos que se cometen en los hogares del SENAME: “Desde el año 2011, la actual ministra Patricia Pérez encabezó una mesa de trabajo que culminó con el anuncio de 11 medidas de reinserción juvenil, y que tuvo como metodología, la aplicación de encuestas en los centros de todo el país, sobre la situación de éstos. Encuestas aplicadas a los jóvenes. A partir de ellas, se realizarían los cambios urgentes y necesarios que requerían los centros”. En esos documentos ya se advertía sobre la violencia física, sexual y psicológica en contra de los menores, agregó la directora de la ONG.

Gloria Requena finaliza con un cuestionamiento: “Surgen dos preguntas: cómo es posible que las autoridades no supieran entonces de esta red de prostitución al interior del Sename y cómo es posible que estas mismas autoridades no supieran de la situación de vulnerabilidad en la que estaban estas menores de 15 años, que eran devueltas en las mañanas drogadas y abusadas”.