Residencia Ajllasga: el caso más grave y sórdido que destapó la investigación al Sename

“Los casos más graves del hogar Ajllasga van de niñas de 13 a 15 años, no tiene más que esa edad, imagínese”, dice un profesional cercano a la investigación, que prefirió mantener su nombre en reserva. Y cuando dice grave se refiere a que en este hogar vinculado a Sename, se revelaron tres situaciones de extremo riesgo: contagio de enfermedades de venéreas, situación de calle y prostitución para el consumo de drogas, particularmente pasta base.

El profesional continúa su relato y comenta que el problema explotó cuando las niñas que habían asumido las conductas hipersexualizadas presionaron y convencieron a sus compañeras más pequeñas para que hicieran lo mismo que ellas, incluido el comercio sexual. “Se escapaban del hogar, incluso una chica denunció que fue violada en la playa una noche por dormir afuera después de un carrete y básicamente en la residencia les entregaban pastillas y condones para que no quedaran embarazadas, pero nunca hubo restricción de horario, ni un aviso al Tribunal de Familia de lo que allí estaba pasando”, comenta y agrega. “El resultado de esta actitud negligente fue el cierre del hogar y el traslado de algunas de las niñas a Santiago para su desintoxicación y en los otros casos para tratar las enfermedades de transmisión sexual ya que hay un par de niñas que están contagiadas con virus papiloma y otra chica contagiada de sífilis”.

El caso de Ajllasga fue el ejemplo más sórdido de lo que podía estar ocurriendo en los hogares vinculados a Sename, una olla en ebullición que se destapó cuando Ciper publicó el informe del Poder Judicial elaborado por la Comisión Jeldres, cinco integrantes del equipo de profesionales del Poder Judicial que recorrían el país para inspeccionar la situación de los niños y adolescentes en sistemas residenciales.

Con el título “Proyecto de levantamiento y unificación de información de los niños, niñas y adolescentes en sistema residencial”, el documento, que además contaba con el asesoramiento de Unicef, daba cuenta de las graves irregularidades en estos establecimientos.

Los casos de las dos residencias de Arica, fueron constatados en un correo que se le envió al Juez de Familia de Arica Juan Enrique Robles con fecha del 9 de noviembre del 2012. El texto iba firmado por las juezas de familia Mónica Jeldres, Patricia Rivera y Alejandra Valencia, la abogada de DD.HH. Paulina Gómez y la socióloga consultora de Unicef Carolina Bascuñán.

Entre otras situaciones ocurridas en el hogar Sariri, sobre Ajllasga, se le informó al magistrado el regreso de las niñas a altas horas de la madrugada “lo que hace altamente probable la existencia de explotación sexual infantil”, regreso de adolescentes en completo estado de intoxicación por consumo de drogas, eventuales relaciones sexuales de una chica contagiada de VIH con otras niña del hogar, con quienes se realizarían pactos de sangre con el consiguiente riesgo de contagio y la existencia de a lo menos dos niñas enfermas con cáncer cérvico uterino. Estas situaciones graves, sin mencionar la falta de atención médica generalizada que necesitaban las niñas (cuadros febriles, molestias gástricas, alergias, infecciones, etc)

El Dínamo se contactó con la abogada Paulina Gómez, quien declinó dar su testimonio sobre las visitas a estos hogares. “No puedo hablar porque a mí no me correspondía entrar a los hogares, no era mi función, no puedo dar más información de lo que pasaba ahí en concreto, todos los informes son públicos (…) Carolina Bascuñán tiene prohibición de hablar por Unicef…”

Favorecimiento del comercio sexual

Cuatro meses más tarde del controvertido correo, la Fiscalía de Arica y Parinacota recibió la denuncia de esta situación y junto al OS9 de Carabineros se llevó a cabo una investigación que duró 40 días. El procedimiento confirmó que las niñas ejercían el comercio sexual cada vez que se fugaban del hogar y que con el dinero que obtenían compraban la droga. La investigación estuvo a cargo del fiscal Rodrigo Benitt y concluyó con la detención de tres hombres: dos de ellos fueron sorprendidos de madrugada mientras contactaban una niña de 15 años para tener relaciones sexuales; el tercer hombre fue detenido después de que se estableció que había tenido relaciones con una de las adolescentes hacía tan sólo unas semanas.

Según lo que se expuso en la audiencia de formalización, la adolescente, identificada con las iniciales I.I.C.G., residente del hogar fue contactada por S.U.G (18) y B.B.G. (21), quienes le ofrecieron droga a cambio de servicios sexuales. El tercer hombre W.V.R. (39), también fue formalizado luego que se comprobó que en dos ocasiones el pagó cinco mil pesos a la misma niña para obtener servicios sexuales. Fue condenado a 541 días de pena remitida.

En conversación con El Dínamo el fiscal Rodrigo Benitt comentó que la investigación penal aún está en curso y busca determinar si hubo participación de terceros en el favorecimiento de la prostitución de las menores del hogar. Para el fiscal y en su experiencia, este es uno de los casos más desgarradores que ha tenido que investigar.

“Desde el punto de vista humano, el caso del hogar Ajllasga es complejo, allí las menores lejos de sentirse víctimas, se sienten parte de un sistema que les resulta utilitario, pues satisfacían sus necesidades con el ejercicio del comercio sexual (…) Este caso es dramático y nunca me había tocado investigar algo así y espero no tener que volver hacerlo”, confiesa y agrega cómo hay un ejemplo muy gráfico de que el hogar era una verdadera escuela delictiva. “Se trata de una niñita enviada por el Tribunal de Familia al hogar, antes de su ingreso si bien presentaba problemas conductuales y de convivencia con sus guardadores y abuelos- tenía un buen promedio de notas, participaba en sus actividades escolares,-era medio dirigente estudiantil-, y luego de ser enviada al hogar, hoy es lesbiana, ejerce el comercio sexual y es adicta a las drogas”, remata.

El diputado Ricardo Rincón (DC), ya oficializó junto a otro parlamentario de su partido la petición de una Comisión Investigadora para estos casos que se podría votar la próxima semana, principalmente por el temor de que se eche tierra a estas denuncias y se refiere al caso de Ajllasga. “Con flagrancia fue como se comenzó a desbaratar una red que hoy implica procesamiento y seguramente sentencias condenatorias. Esto ocurrió entre fines del año pasado y abril de este año y desde esa fecha el Sename no hizo nada, sus reacciones como la intervención a Ajllasga y Sariri son recientes y producto de las denuncias que nosotros hicimos –fuimos los primeros en llegar a Fiscalía- después de un programa donde canal 13 denunció estos hechos. Cada una de las instituciones que tenía que actuar, lo hizo, menos el Sename”

Por su parte el diputado Gabriel Silber respaldó estos dichos y confirmó que las denuncias más graves de este informe, corresponden a lo ocurrido en las residencias de Arica. “Aquí no sólo hay impactantes testimonios de menores, sino investigaciones en curso con formalizaciones. Además de las vulneraciones a los derechos de los niños, hay hechos deplorables que constituyen delitos y que reflejan la gravedad de la situación y que deberán investigarse a fondo”, aclara.

Entre ayer y el miércoles, el fiscal preferente del caso Sename, Juan Agustín Meléndez,  realizó la ronda de interrogatorios donde ya declararon la jueza Mónica Jeldres, el director de Sename y la jueza Gloria Negroni. Al mismo tiempo el cierre del hogar es inminente.

El diputado Ricardo Rincón menciona que además hay que recordar que Rolando Melo fue Fiscal jefe en Viña del Mar y conoce al pie de la letra los aspectos legales. “Si hay alguien que está en una falta respecto del Ejecutivo de lo que es establecer acciones en el ámbito penal cuando se trata de abusos sexuales o de tratamiento médico-que es una negación desde el ámbito de la salud pública del país y en virtud de la Convención Internacional de los derechos del niño-es precisamente él. El director del Sename no ha hecho nada (…) El nivel de negligencia con la que ha actuado es inexcusable no tiene perdón de Dios, sorprende que sus superiores jerárquicos no hayan tomado ni la más mínima medida”, comentó enfático.

Hoy sólo quedan cinco niñas en el hogar y el plazo para el cese de sus funciones es de 60 días. “Podrían existir casos puntuales de personas que se habrían favorecido del comercio sexual de algunas de las adolescente. La culpa es de la negligencia de los funcionarios que trabajaban en el hogar… Estas niñas quedaron a un paso de los centros de privación de libertad, con todo lo que pasaron, habrían estado más seguras en la calle…” dice un testigo de la investigación.