Firman convenio para prevenir lavado de activos por corrupción, fraude al fisco y cohecho

Santiago.- La Contraloría General de la República y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), suscribieron un convenio de colaboración que tiene como objetivo prevenir que en el sector público se cometan delitos base o precedentes de lavado de activos que desde el 2003 son la corrupción, el fraude al fisco, el cohecho y malversación de caudales públicos.

 

El convenio fortalece el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos al actualizar la cooperación interinstitucional en este ámbito que se efectúa en Chile, de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ampliar las fuentes de información generadoras de inteligencia financiera preventiva del lavado de activos que realiza la UAF.

 

El contralor Ramiro Mendoza afirmó esta iniciativa es “un grano más de arena en lo que dice relación con la colaboración interinstitucional para que todos los entes que tienen algún grado de competencia en lo que es la generación de frenos a la corrupción se puedan energizar y hacer sinergias de trabajo conjunto”.

 

“Chile tiene una institucionalidad extraordinariamente potente en materia de los órganos que tienen competencia para luchar contra el flagelo de la corrupción, pero al lado de esas competencias es también una institucionalidad que tiene una tremenda difusión, muchos órganos con competencias dispersas que no conversan entre sí“, aseveró.

 

En ese sentido, precisó que este convenio lo que hace es “generar espacios de conversación, de utilización de datos que son comunes y que son datos públicos que no son utilizados de manera eficiente y queremos hacer sinergia a través de los convenios”, agregó la autoridad.

 

Por su parte, la directora de la UAF, Tamara Agnic, señaló que “en el sector público, el lavado de activos asociado a los delitos de corrupción, fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos puede ocurrir cuando están dadas las condiciones para que sus funcionarios oculten o disimulen la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control del dinero o bienes generados con su comisión“.

 

Con propósitos preventivos, el convenio establece que “la CGR pone a total disposición de la UAF la información contenida en sus bases de datos, tanto para el cumplimiento de las funciones que la ley le encomienda como para elaborar listados de Personas Expuestas Políticamente (PEP) de nacionalidad chilena“.

 

Con la información proporcionada por la Contraloría, la UAF definirá durante el primer semestre de 2011 los cargos que deben ser considerados PEPs Nacionales. Así, las empresas y personas naturales de los 34 sectores económicos obligados a informar a la UAF podrán contar por primera vez con criterios uniformes de aplicación de sus actuales sistemas de alerta y prevención cuando establecen relaciones comerciales con quienes han desempeñado u ostentan cargos públicos de alta jerarquía.