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13 de Agosto de 2013

Director de U. San Sebastián se autodenuncia en caso de coimas en Recoleta

Enrique Herrera se autodenunció en el caso de corrupción contra el ex director de obras de Recoleta y así conseguir una "atenuante calificada" y lograr una rebaja ante una eventual condena.

Por Redacción
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Enrique Herrera, miembro de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, se autodenunció en el caso de corrupción que investiga la fiscal Centro Norte Macarena Cañas en contra del ex director de obras de la municipalidad de Recoleta, Carlos Reyes.

Además, Herrera ingresó un “téngase presente” en el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago donde asegura su “más absoluta inocencia”.

La decisión del director de la casa de estudios busca generar una “atenuante calificada” en caso de llegar a juicio oral y lograr una rebaja de condena, tal como lo hizo Reyes, quien reconoció 10 delitos de cohecho, lo cual hizo que fuera condenado a cuatro años de cárcel con el beneficio de la libertad vigilada por su colaboración con la Justicia.

Y es que uno de los casos de corrupción involucra a Herrera, ya que el ex jefe de obras señala que el director de la USS lo visitó en 2012 para ofrecerle 15 millones de pesos para lograr la renovación del permiso precario sobre un bien de uso público, el cual consistía en la rampa de acceso a los estacionamientos y a la propia universidad, consigna The Clinic.

Si bien Enrique Herrera no ha sido llamado a declarar por la Fiscalía, cuando lo tenga que hacer será en calidad de imputado, en una investigación que también apunta a la USS, bajo la normativa de la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica (LRPPJ), es decir, de la empresa detrás de todo.

Esta figura legal también afectó a Ceresita, la cual pagando coimas a Reyes, logró renovar permisos para seguir funcionando a pesar de la violación de las leyes ambientales, entre otras circunstancias anormales.

Es por ello que la fiscal Cañas hizo que la empresa pagara 2,5 millones de dólares para acceder a una suspensión condicional del procedimiento para evitar una condena y permitir a Ceresita no le fuera anulada la personalidad jurídica y así seguir en el mercado.

Fuentes de la investigación señalaron que en el caso de la USS esta cifra podría alcanzar los 8 millones de dólares.

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