Ambientalistas rechazan avance de Ley de concesiones eléctricas: "Aumenta indefensión de pobladores”

Este lunes el gobierno ingresara al Congreso un “veto supresivo” firmado por el Presidente de la República con el fin de retirar de la recientemente aprobada Ley de Concesiones Eléctricas la alusión a las áreas silvestres protegidas y la consulta indígena. De esta forma el gobierno cumplió con lo acordado en la Cámara de Diputados durante la discusión de la iniciativa con el fin de destrabar las diferencias existentes entre los diputados y los senadores sobre varios artículos del proyecto.

La mañana de este miércoles el veto fue aprobado en la Cámara de Diputados y por la tarde recibió el rechazo del Senado, sin embargo lo cual, por ser ésta una iniciativa de quórum calificado, de todas formas fue aprobada. Por lo pronto, al tener la Ley de Concesiones Eléctricas artículos de rango constitucional será visto en los próximos 30 días por el Tribunal Constitucional.

En la región de Aysén existe una opinión crítica del texto definitivo que emergió del Congreso Nacional. Desde la Coordinadora Regional Anti Represas afirman que “aunque la aprobación del veto supresivo es un avance ante el proyecto que en última instancia se quería sancionar, la Ley de Concesiones Eléctricas aumenta la indefensión de los pobladores”.

De ahí que subrayaran la necesidad de que los parlamentarios regionales den cuenta de su desempeño en la tramitación de esta iniciativa. Es en este contexto que expresaron que “el diputado David Sandoval podría explicar a nuestra gente, públicamente, los motivos para dar, en última instancia, su voto para la aprobación el 13 de agosto de una ley que aumentó la vulnerabilidad de los pequeños propietarios rurales frente a las compañías del sector de la energía” indicaron.

La agrupación, que reúne a más de 20 organizaciones de Aysén, recordó que el diputado UDI dio su respaldo a una serie de cuestionados artículos que permiten a las compañías eléctricas disminuir los tiempos de tramitación de las concesiones eléctricas mediante la disminución de los derechos de los propietarios, esencialmente del campo.

“Lo que ocurrió en el Congreso ese día fue replicar en el caso de las concesiones eléctricas lo que ya ocurre con las concesiones mineras, que están afectando a cientos de pobladores de Aysén. Creemos que es necesario que el diputado explique su actuar” argumentaron en la coordinadora.

Perjuicios frente a la propiedad rural

A juicio de la Coordinadora Regional Anti Represas de Aysén, son tres los principales artículos que afectan directamente la propiedad rural. 

Entre ellos, el que señala que “sin perjuicio de la existencia de cualquier reclamación pendiente, sea del concesionario o del dueño del predio, la exhibición del comprobante de pago” permitirá que un juez autorice la posesión material de los terrenos. La notificación se podrá realizar dejando un documento en la propiedad para permitir el ingreso de la empresa al terreno, recurriendo a la fuerza pública e incluso con el descerrajamiento de la tranquera.

También está el que mantuvo la posibilidad de que, tratándose de juicios posesorios sumarios en que se ordene la paralización o suspensión de las obras, el concesionario pueda rendir una caución suficiente para responder de una eventual futura orden de demolición de las obras o indemnización de perjuicios. “El problema es que para el caso de ecosistemas únicos o proyectos agrícolas, turísticos o de otro tipo, muchas veces es imposible recuperar las condiciones originales de un lugar o terreno” apuntan los ambientalistas.

Y, tercero, el que privilegia al sector eléctrico por sobre todo concesionario de otra área sobre un mismo territorio.

Previo a estos cuestionados artículos aprobados el 13 de agosto, el Congreso ya había autorizado que las concesiones sean a entregadas a perpetuidad y puedan ser divididas en su proceso de tramitación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, aunque no así en su evaluación ambiental.

En contraste al voto favorable del diputado David Sandoval en la última etapa de tramitación, su colega independiente René Alinco y el senador RN Antonio Horvath votaron en contra, mientras que el senador DC Patricio Walker no concurrió ese día a la sesión.

El senador Horvath ha indicado que presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, toda vez que muchos de los artículos aprobados, a su entender, vulneran lo establecido en la Carta Fundamental en materia de derecho de propiedad. En tanto, el diputado Alfonso de Urresti (PS) está estudiando la misma medida toda vez que en su opinión se vulnera el Convenio 169 sobre consulta indígena.