Firmantes de la "Carta de los 13": "No hay un solo antecedente que vincule a la DC con la ejecución del golpe"

Lecciones de la historia y desafíos para un tiempo fecundo

La Democracia Cristiana a 40 años del golpe de Estado en Chile

1.-  El 11 de septiembre de 1973 constituye una fecha trágica para Chile. Un golpe de Estado puso término al gobierno del Presidente Allende, e instaló la más prolongada y oscura dictadura civil y militar, utilizando ideológicamente las instituciones armadas de la Nación. No fue éste un movimiento súbito, precipitado o impensado. Comenzó a fraguarse cuando los chilenos perdimos la capacidad de diálogo, de entendimiento, y de solución pacífica de nuestras diferencias. En el momento en que se armaron los espíritus y las manos y no quedó espacio para la paz. Fue entonces cuando empezaron a derrumbarse las instituciones democráticas, las garantías de libertad y de justicia, y —lo que abrió la herida más profunda de toda nuestra historia nacional y republicana—, cuando, a consecuencia de su planificada y sistemática violación, se inició el desplome de los derechos fundamentales de las personas.

2 Cuarenta años después de aquellos dolorosos sucesos, y enfrentados a la memoria de nuestro propio pasado, queremos sacar las lecciones de la historia y ofrecerle al país un nuevo horizonte de realización. ¿Por qué esta evocación? Porque sin mirada del pasado no hay visión de futuro. Porque no se puede separar el futuro del pasado, el proyecto de la memoria, y el porvenir de Chile de su historia reciente. No, cuando la paz y la conciliación siguen amenazadas por las deudas de verdad y justicia que, arrastradas desde la dictadura, aún permanecen sin ser saldadas. No, cuando los cambios políticos que el país reclama se proponen la reforma de la Constitución que nos rige, la que se originó bajo el régimen de fuerza. No, cuando la actual estrategia de desarrollo —que impide progresar hacia mejores estándares de bienestar, de justicia e integración— fue impuesta por una tecnocracia neoliberal amparada en las armas y en la represión desplegada contra los trabajadores y sus organizaciones.

3 Más allá de los mitos, que afloran para cumplir su función de justificar y de oscurecer las verdaderas responsabilidades en el drama de hace cuarenta años, queremos ser claros acerca de nuestras propias actuaciones. Y tres son las preguntas que la Democracia Cristiana debe responder para contribuir al esclarecimiento de su propio comportamiento político.

Primero, qué conducta tuvo el Partido antes del golpe de Estado. Lo hemos dicho con insistencia: no hay un solo antecedente, un solo documento, un solo testimonio que vincule corporativamente a la Democracia Cristiana con la búsqueda, promoción y ejecución del golpe de Estado. Pudo haber matices respecto de la política de defensa de la colectividad, acerca de su moderación o firmeza frente al gobierno de la Unidad Popular, o de su mayor o menor proximidad a los partidos de derecha, pero no hay dos opiniones institucionales sobre su irrenunciable compromiso con la democracia y con el régimen constitucional.

Segundo, qué conducta tuvo el Partido durante el golpe de Estado. Son conocidas las dos posturas que en este sentido adoptó la colectividad. Una oficial, que explicó la intervención militar argumentando el clima de inestabilidad, inseguridad y amenaza de enfrenta-miento fratricida a que había sido llevado el país, tesis que abrigaba la expectativa de que las fuerzas armadas restablecerían la normalidad institucional a la brevedad; y una disidente, que condenó el golpe de Estado y exhortó a las nuevas autoridades a respetar los derechos y garantías civiles. Los hechos habrían de demostrar que la experiencia de la dictadura no sería un paréntesis sino una larga pesadilla en la vida del pueblo chileno.

Y tercero, qué conducta tuvo el Partido después del golpe de Estado. La lucha por el respeto y vigencia de los derechos humanos, por la reconstitución del tejido social, por la democracia y por las libertades, no habría sido posible sin la participación de la Democracia Cristiana que, desde la primera hora, se entregó a este quehacer, como lo acreditan los innumerables organismos de derechos huma-nos, de estudios constitucionales, laborales, universitarios y poblacionales, que fueron creados y que le correspondió conducir*. Y lo que resultará aún más crucial para Chile y su destino: fue esta experiencia de colaboración común la que selló la identidad y la vocación nacional y popular de la Democracia Cristiana y la dispuso al perdón, acto por el cual el ofendido libera al ofensor del daño que causó y éste reconoce y repara lo hecho.

* Algunos de éstos fueron la Comisión Chilena de Derechos Humanos; la Comisión de Estudios Constitucionales; la Coordinadora Nacional Sindi-cal; la Comisión de Derechos Juveniles; el Comité Reorganizador del Movimiento Estudiantil; y la Vicaría de la Solidaridad. 2

4 Es a partir de la identidad forjada durante estas cuatro décadas de aggiornamento que la Democracia Cristiana puede proponerle hoy al país un nuevo desafío, uno que ha de iniciarse en el próximo gobierno de la Nueva Mayoría, pero que debe trascender y prolongarse más allá del año 2020.

Para entonces Chile deberá haber instituido un régimen constitucional que sea fiel expresión de la soberanía, autonomía y rica diversidad de sus ciudadanos, mediante instituciones genuinamente representativas, y de controles que limiten el poder y su ejercicio. La mayoría del país desearía que el instrumento de la reforma fuera una Asamblea Constituyente, cuya convocatoria, sin embargo, depende de un plebiscito nacional, el cual promoveremos a través de la movilización reflexiva, responsable y organizada de los chilenos, comenzando por obtener los quórums necesarios para hacer las transformaciones institucionales que la ciudadanía reclama.

Aspiramos asimismo a que dicho régimen constitucional se base en el reconocimiento pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y en las garantías explícitas que se proponen satisfacer tales expectativas de derechos, para, de este modo, avanzar sin demoras hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más cohesionada. Como se ha confirmado en las grandes movilizaciones sociales de la presente década, las principales prioridades de dichas políticas públicas con enfoque de derechos deben ser la salud, la educación y la previsión social.

Propugnamos un cambio estructural que afecte la inequitativa distribución del ingreso, mediante reformas tributarias progresivas, el restablecimiento de la potestad de Chile sobre sus riquezas y recursos nacionales, el fortalecimiento de la posición negociadora de los sindicatos, y una participación activa de las políticas públicas en la protección de las familias más pobres y vulnerables. Ello exige dotar de apoyo y legitimidad a las transformaciones, fomentando instituciones y organizaciones de participación y diálogo democrático.

Anhelamos una actividad política al servicio del pueblo y, por lo tanto, transparente, autónoma de poderes fácticos, y sometida al permanente escrutinio de los ciudadanos. Por eso, promovemos la reforma de los partidos políticos, así como de sus vínculos con las instituciones representativas y con los representantes populares. Para vigorizar la búsqueda de este objetivo contribuiremos desde ahora al debate, elaboración y difusión de ideas de cara al Sexto Congreso de la Democracia Cristiana que se realizará el año 2014. Para nosotros, ese momento ha de signar la irrupción de una fuerza política imbuida del nuevo humanismo que peregrina por América, y cuya esperanza de futuro despierta el Papa Francisco.

5 Hacemos un llamado a todos los militantes y adherentes de la Democracia Cristiana a firmar y a difundir esta declaración, expresando con ello su compromiso de llevar a cabo las tareas políticas señaladas, y de concurrir a la generación de un amplio e inclusivo movimiento de opinión.