La otra batalla judicial que podría poner fin a Pascua Lama

“Este proyecto nos tiene acostumbrado a tantas irregularidades”, dice el diputado Enrique Accorsi (PPD), miembro de la comisión investigadora por el caso Pascua Lama, luego de que ayer la abogada Bárbara Salinas les expusiera sobre una arista más de los conflictos que afectan al proyecto minero, pero que se arrastra desde antes que en 2006 la Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama lo aprobara con más de 400 condiciones.

En diciembre de 1997, Chile y Argentina suscribieron el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, que fue promulgado el 2000. En éste se establece un marco jurídico para regir el negocio minero en la frontera de ambos países. Luego, en 2004, firmaron un protocolo adicional al tratado para el proyecto Pascua Lama, en cuyos anexos se establecieron las concesiones que a noviembre de 2003 tenía Barrick Gold en cada país.

¿El problema? De las 193 concesiones de explotación de Minera Nevada Spa (subsidaria de Barrick Gold en Chile) que se incluyen en el anexo, 12 se encuentran en una disputa legal y desde el 2001 existe una medida precautoria dictada por el 14° Juzgado Civil de Santiago. Esta consiste en la prohibición de celebrar cualquier acto o contrato sobre ellas. Al día de hoy, sigue vigente, dice Salinas, que representa a la compañía canadiense Mountainstar Gold.

“Nadie puede ejercer derecho sobre un bien que está en disputa”, agrega, y asegura que pese a ello “Barrick o Minera Nevada Spa celebra un contrato, y lo más grave de todo, es que lo hace con el Estado de Chile”.

La abogada además explica que “Pascua Lama no solamente tiene serios problemas de carácter ambiental, sino además tiene un vicio de legalidad en su origen”, y esto “da lugar a anular” el protocolo que impulsó el proyecto. En junio pasado presentó una querella en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por falsificación y/o uso malicioso de instrumento público.

“Minera Nevada Spa o sus representantes legales hicieron una declaración falsa al sostener que las pertenencias mineras son de su propiedad, en circunstancias que no lo son porque, a lo menos, están disputa”, sostiene la abogada, quien también tiene entre sus clientes a los accionistas minoritarios de La Polar.

La querella fue declarada admisible por la justicia y está siendo investigada por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.

La otra historia

Desde 2011, la canadiense Mountainstar Gold tiene un contrato de opción de compra respecto de las pertenencias mineras en disputa con Jorge Lopehandía, quien desde el 2001 está envuelto en un pleito legal con Minera Nevada por la propiedad de éstas. Esta causa fue tomada en 2011 por el abogado Juan Guillermo Torres, quien además, en julio del año pasado, presentó en el 23° Juzgado Civil de Santiago una demanda de nulidad de derecho público respecto del protocolo que impulsó Pascua Lama, donde comparece el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Si bien Barrick Gold aclara que no se pronuncia sobre procesos legales en curso, asegura, a través de una declaración a El Dínamo, que “nuestro silencio no debe ser malinterpretado”, ya que la compañía “confía” en el sistema legal chileno. Sostiene que cree “firmemente” que todas las acciones pendientes que “involucran al señor Jorge Lopehandía y Mountainstar Gold carecen de mérito”.

Asimismo, agrega que no pretende responder de forma continua al “permanente bombardeo de declaraciones falsas, inexactas y engañosas” emitidas por ambos, y prevé que a medida que la justicia se pronuncie “la posición de Barrick prevalecerá”.

Según los antecedentes recabados por Torres en los expedientes, Minera Nevada tendría desde 1978 unas concesiones mineras que sólo le permitirían explotar sustancias no metálicas en la comuna de Alto del Carmen, específicamente sales y nitratos. En 1996, su cliente Jorge Lopehandía decidió tramitar unas concesiones en ese mismo terreno, pero que sí le permitían explotar minerales metálicos, como oro, plata y cobre.

De haberse concretado, los dos habrían trabajado en el lugar, explica el abogado, y de acuerdo a la legislación de la época, en el caso de que Barrick hubiese extraído sustancias mineras metálicas, tendría que separarlas y Lopehandía debería haber pagado lo que correspondía por concepto de extracción.

Sin embargo, durante la tramitación de esas solicitudes, Torres asegura que Barrick se acercó a negociar con Lopehandía la compraventa de esas concesiones, y en 1997 celebraron un contrato por una suma, la que posteriormente no habría sido respetada. Por este motivo, se decidió buscar la nulidad del contrato de compraventa, argumentando que “existiría falta de precio”, lo que, explica el abogado, es un elemento esencial en un contrato de ese tipo.

Para evitar que las propiedades fueran transferidas a otra persona o empresa, lo primero que hizo Lopehandía fue presentar la medida precautoria que sigue vigente. Torres asegura que, para que se mantenga así, es porque “debe tener un trasfondo de hecho y jurídico importante”. El caso aún se está tramitando en la Corte de Apelaciones de Santiago y es probable que llegue a la Corte Suprema.

Respecto de la otra causa que lleva Torres, y donde busca la nulidad de derecho público del decreto que promulgó el protocolo de Pascua Lama, asegura que tras dejarlo sin efecto “se anula completamente porque está viciado el acto jurídico administrativo”. Consultado sobre esto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) prefirió no hacer declaraciones.

La comisión investigadora

La abogada Bárbara Salinas, que representa a la canadiense Mountainstar Gold, cuenta que pidió comparecer ante la comisión investigadora de la Cámara, que preside el diputado Giovanni Calderón (UDI), para solicitarle que se hiciera cargo de estos antecedentes, ya que “no afecta solamente al medio ambiente sino que a la institucionalidad chilena”.

“Esto es un vicio de origen”, recalca Salinas, y asegura que quizás no tendría por qué estarse discutiendo si se revoca o no la calificación de autorización ambiental de Pascua Lama cuando “esto partió mal desde el inicio”.

La comisión solicitó una serie de oficios, entre ellos uno a la Superintendencia de Medioambiente (SMA), explica la abogada, para que informe por qué se aprobó la calificación ambiental en circunstancias que existen litigios pendientes. Asimismo, se acordó oficiar al Conservador de Minas de Vallenar para que informe quiénes serían los titulares de las pertenencias mineras.

Por su parte, el diputado Accorsi explicó que si bien la disputa de las propiedades es un tema entre privados, “los antecedentes que nos entregó nos preocupan mucho porque lo que ellos están diciendo es que los terrenos donde se está implementando la faena minera de Barrick no serían de Barrick”. Agrega que si esto resultara cierto “sería una tremenda gravedad para el proyecto”.

El diputado Calderón -que fue consultado por El Dínamo antes de que la abogada compareciera ante la comisión, pero que ella misma había puesto al tanto de los antecedentes- coincide que en que si se determina que las propiedades pertenecen a terceros “naturalmente que afectará el que Minera Nevada las siga explotando”.

Calderón sostiene que “si se cometió alguna irregularidad fue de las autoridades de la época que suscribieron una serie de documentos públicos, los que permitieron llevar adelante el proyecto. Pero hay que hablar en condicional porque nada de esto está probado”. Agrega que la intervención de las autoridades públicas se produce para la autorización de una serie de permisos sectoriales y medidas en el entendido que “Minera Nevada era la propietaria de los derechos”.