Sepa por qué las mujeres nicaragüenses están en pie de guerra contra el gobierno

El denominado Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua responsabilizó hoy al Estado de que las mujeres “estén en riesgo de muerte” en el país, si se acepta la mediación entre víctimas y agresores en una reforma a la ley que castiga la violencia de género.

“Desde ya denunciamos que el Estado es el único responsable de que la mujeres estén en riesgo de muerte ante la mediación”, dijo Ana Quirós, representante del Movimiento Amplio de Mujeres.

Ese movimiento, integrado por decenas de redes y organizaciones feministas de Nicaragua, rechazó hoy un dictamen emitido la semana pasada por las comisiones de la Mujer y de Justicia de la Asamblea Nacional (Parlamento) a favor de un proyecto de reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Ese dictamen, entre otras cosas, incluye la mediación entre víctimas y agresores para delitos “menos graves”, un recurso que hasta ahora no admite.

“Tal dictamen, que seguramente será aprobado por la mayoría de diputadas y diputados, refleja la ausencia de una verdadera cultura democrática, o más bien la existencia de una cultura arcaica y desfasada”, señalaron.

Según ese movimiento, “existe abundante información que muestra que mujeres y hombres han tenido históricamente poderes desiguales, y las mujeres que han mediado nunca llegan en las mismas condiciones que sus agresores” a la mediación.

“Por el contrario, recurren a la justicia luego de verdaderos episodios de terror. ¿Puede alegarse libertad para decidir, negociar, proteger sus vidas?”, argumentaron.

El 26 de agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia presentó con carácter urgente a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la ley, en la que recomendaron modificar un artículo y añadir otros dos, cuyo resultado equivale a que se reconozca la mediación.

La mediación se incluiría en casos de lesiones leves, violencia psicológica, patrimonial, económica, laboral y violencia en el ejercicio de la función pública, siempre que la víctima así lo decida y el agresor no haya cometido delitos de violencia intrafamiliar anteriormente, de acuerdo con la iniciativa.

Otros delitos que no merecerán cárcel de forma obligada para los hombres agresores son la intimidación o amenazas contra la mujer, la sustracción de hijos, omisión de denunciar delitos contra mujeres y la obligación de denunciar actos de acoso sexual.

Esa ley sanciona el maltrato a mujeres y tipifica el feminicidio como el delito que comete el hombre que dé muerte, en privado o en público, a una mujer, como resultado extremo de la violencia.

La norma impone hasta 30 años de prisión, la pena máxima, a los hombres que ejerzan violencia sobre las mujeres.

La Corte Suprema rechazó varios recursos de inconstitucionalidad contra esa ley basados precisamente en que no permite la mediación, aunque la mujer perdonen al hombre, y a que hay penas demasiado duras y rígidas contra los varones.

Sin embargo, recomendó una reforma que incluya la mediación.

El proyecto de reforma a esa ley será discutido esta semana en el plenario, según fuentes legislativas.

De acuerdo a las organizaciones de mujeres, esas comisiones alegaron en su dictamen “que se busca proteger a la familia, cuando en la realidad se pretende imponer al país entero el modelo que representa la pareja presidencial de que los trapos sucios se lavan en casa, y deja en la impunidad a agresores, abusadores y/o violadores sexuales”.

En el pronunciamiento, las féminas exigieron, además, retirar del dictamen el nombre de la Red de Mujeres contra la Violencia porque no fue consultada, como “maliciosamente” aparece.

Durante 2012 en Nicaragua fueron asesinadas 76 mujeres, según datos de la Policía Nacional, y 85, de acuerdo con cifras de organismos de mujeres, de las cuales 13 habían aceptado la mediación con su agresor.

En lo que va de año, al menos 64 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua, según los organismos de mujeres