Graves denuncias contra "En su propia trampa": Los acusan de secuestro y tortura contra menor
Un adolescente que vive en la calle es encerrado contra su voluntad dentro de un camión; luego es apuntado con armas de fuego. "Este niño necesita ayuda, no estigmatización", dice abogada.
El episodio del 30 de septiembre pasado del programa “En su propia trampa”, de Canal 13, conducido por el periodista Emilio Sutherland, podría tener serias consecuencias para el espacio televisivo, pues en él se habría incurrido en los supuestos delitos de sustracción de menores, torturas y grabar sin autorización a una persona.
En el capítulo cuestionado, el joven E.L.C (16 años), a quien Sutherland calificó como un menor de edad con un “nutrido prontuario policial”, sería sometido a “una situación límite para que abandone la senda del delito“.
Como consigna The Clinic, se trata de un adolescente que vive en la calle, a quien un actor contacta y le hace creer que va a participar en un robo. Bajo engaño, sube a un camión, donde fue encerrado en total oscuridad y contra su voluntad, por más de 15 minutos; en la grabación se aprecia cómo E.L.C. grita y patea para que lo dejen salir .
Al bajar del camión es apuntado con armas aparentemente de fuego. También puede verse cómo un adulto sujeta al niño por la parte posterior del cuello, mientras sostiene una pistola.
Estas situaciones llevaron a la Defensora Penal Pública, Georgina Guevara a presentar una denuncia ante la fiscalía de Puente Alto en contra del programa, por los eventuales delitos de sustracción de menores (Art. 141 del Código Penal), torturas (art. 150 B del Código Penal) y grabar sin autorización a una persona (art. 161-A del Código Penal). Éste último cargo se refiere a la madrastra del joven, a quien se le hizo creer que la estaban entrevistando asistentes sociales del municipio.
Ximena Silva, defensora penal jefe de Puente Alto, remitió los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos el 15 de este mes y luego presentó una denuncia ante Consejo Nacional de Televisión.
“Como defensoría penal pública tenemos el deber de escuchar a nuestros representados, brindarles un trato digno, y velar porque las demás instituciones también se lo otorguen”, manifestó Silva. “En este caso, en particular, cobra mayor relevancia de que estamos en presencia de un niño, un adolescente vulnerable, con serios problemas, y que lo que requiere es ayuda, y no estigmatización. La Convención internacional de derechos del niño, de la cual Chile es parte, establece como un deber primordial el interés superior de niños y adolescentes, y programas como este no contribuyen en nada para su rehabilitación, sino sólo le provocan daño”, enfatizó.
Para la abogada, “aquí hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad del joven. Esto jamás lo hubieran hecho con alguien de clase acomodada. Él ha sido menoscabado, estigmatizado, discriminado”.
