A tres años del incendio en San Miguel: Aún hay hacinamiento, falta reinserción y el Estado privilegia el castigo

Se cumplieron tres años del incendio de la cárcel de San Miguel, la tragedia en que murieron 81 reclusos que no pudieron escapar del fuego iniciado tras una riña entre internos . Atrás quedó la fatídica  postal de madres y familiares de los reos muertos siendo notificadas en vivo a través de la televisión, en medio de llantos y desmayos. Luego, vinieron los cuatro meses de juicio oral donde se confirmó que las redes secas y húmedas no estaban operativas, así como también la negligencia y la falta de capacitación de los gendarmes para enfrentarse a una emergencia de esta magnitud.

Para algunos se cortó el hilo por lo más delgado respecto a las verdaderas responsabilidades de las autoridades, que poco hicieron por combatir el hacinamiento y las condiciones deplorables en que vivían los presos de San Miguel. ¿Cuánto se aprendió de esa lección? Para algunos ha habido pequeños avances, para otros la situación es prácticamente la misma, pese a las millonarias inversiones anunciadas por el gobierno desde esa fatídica noche.

En medio del lanzamiento del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, directora del organismo, consultada por El Dínamo, señala que  ha habido algunos avances en tema de infraestructura carcelaria, como el mejoramiento de las vías secas y húmedas de las cárceles y se han quitado los balones de gas  para prevenir situaciones como la provocó el incendio en San Miguel. “En ese sentido hay cambios y también un reglamento que recoge mucho mejor los de Derechos Humanos, por lo tanto estamos contentos, pero nuestro papel no es ese,  sino exigirle lo máximo al Estado”.

Pese a esta posición optimista sobre el sistema penitenciario, este año el Instituto se ha hecho parte en algunos recursos de amparo debido a las graves lesiones sufridas por cuatro internos en la cárcel de Calama, por parte de funcionarios de Gendarmería; una segunda causa en Valdivia, por el presunto delito de tortura en perjuicio de dos internos en la cárcel de la ciudad.

“Se ha avanzado en lo que tiene que ver con el hacinamiento de las personas privadas de libertad, sin embargo respecto a la reinserción, la verdad es que este es un país que tiene déficit en esa materia y es poco el acceso que hay para programas de reinserción, estamos fallando en uno de los pilares que le da sentido a las penas privativas de libertad ”, conclute Fríes.

La misma opinión tiene Tomás Henríquez, director ejecutivo de Comunidad y Justicia donde comenta que la tragedia de la cárcel de San Miguel obligó a repensar el sistema carcelario, lo que hace imposible -ahora ya pasado tres años- que no existan algunos avances en materia de infraestructura, pero lo que verdaderamente falta es un cambio de mentalidad.

Para Henríquez, ese hito demostró que los presos no tienen ningún tipo de representatividad y que después de estos tres años siguen siendo “los grandes olvidados”. “En medio de las campañas políticas, la calidad de vida de los reos no constituye parte de ningún programa político, al contrario se convierten en el chivo expiatorio de los candidatos y terminar la delincuencia es una promesa de campaña, ahí nadie piensa en el tema de fondo, que es que si no transformamos y reinsertamos a la persona, esto nunca va a terminar, esa es la deuda de hoy, una cosa son lo estoques que se pueden enocntrar en el motín de Quillota  y la otra pensar por qué ese reo fabrica armas , quizás ante la falta de actividades y talleres, hay ocio y como se dice ‘el ocio mata’”, explica.

Pero quienes están día a día trabajan con esta realidad, denuncian lo contrario: condiciones de hacinamiento, insalubridad, violencia e internos que viven de 50 hasta 200 por dormitorios que fueron creados para 25 a 40.

Oscar Benavides presidente de la Asociación Nacional de Funcionario Penitenciarios (ANFUP) dice que la inyección de recursos de esta administración, hubo un afán de demostrar que todo estaba bajo control, pero lo que escucha y ven sus colegas, son las necesidades que han variado de manera mínima. Si bien ha habido avances destinados al combate de incendios, el problema es que aún se mantienen algunas condiciones deplorables en las cárceles, la violencia y la falta servicios básicos como el agua potable.

“ En cualquier momento se pueden gatillar situaciones de alto riesgo donde está en juego la vida de los internos y los funcionarios, así lo vimos este año con el motín en la cárcel de Quillota, nos preocupa también esta sensación de reactividad en el ambiente, porque sólo hemos visto en los anuncios de Michelle Bachelet algunos guiños a la problemática , pero no hemos escuchado que habrá un aumento de dotación de gendarmes para poder recibir más reos que lleguen a la cárcel a propósito de la mayor dotación de Carabineros y funcionarios de la PDI”, comenta.

Para Benavides, el aumenta la eficiencia policial, traerá de la mano un aumento en la cantidad de reclusos y con eso la población penal. “Significa multiplicar por mil la cantidad de situaciones de riesgo, no se construyó ni un metro más cuadrado de cárcel y considerando que hay un 80% de reincidencia”, agregó.

La inversión con Altegrity

Esta concesionaria estadounidense se le pagaron tres mil millones de dólares, para la reingeniería del sistema penal desde el 2010. Estas modificaciones pretendían ,entre otras cosas, la capacitación de gendarmes. Para Oscar Benavides de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), esta preparación se tendría que haber hecho sobre la base de los conocimientos que ellos ya manejan. “Fue una medida populista del gobierno del presidente Piñera, porque terminaría con la llamada `Puerta giratoria`. Se hubieran ahorrado esos recursos, sentimos que fue una medida que no cambió un tema de fondo que es la reincidencia, el hacinamiento y otros temas que están pendientes en tema de seguridad”, espeta.

Si bien es cierto que se redistribuyó a la población penal, donde el 40% de ella  estaba ubicada  en la Región Metropolitana, para el presidente de ANFUP, lo que se trasladó con esto también, fueron focos de violencia a regiones, donde no estaban acostumbrados a este comportamiento de los reos. Por jemplo, en Puerto Montt los  dirigentes denuciaron  que antes no había mayores problemas con la disciplina y que hoy se han formado verdaderas bandas en la cárcel de esta ciudad y  Concepción donde se ve el fenómeno de que se enfrenta la gente de la zona con los reos santiaguinos “Valoramos que haya habido una baja en las muertes en la cárcel, pero también esto tiene que ser con un programa sustentable en el tiempo en cuanto a las medidas de seguridad, nosotros somos quienes más sabemos sobre criminaldad”, puntual

Un Estado persecutor

Alejandro Gómez, abogado del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, comenta que no es novedad la crítica al sistema penal y su política de persecución que se traduce, entre comillas, en uno de los países más encarceladores del mundo, una tendencia que se comparte con el mundo occidental, con la tendencia de la ley y orden, de seguridad ciudadana.

Para Gómez,  si bien hay ciertas cifras que demostrarían la disminución de la hacinamiento, que se logró a través de los traslados de estos a regiones, también terminó en un doble castigo para los reos .

“Estas personas privadas de libertad fueron trasladados a lugares muy lejanos de sus familias, lugares donde también hay precariedades, generando conflicto en lugares, es evidentes la baja del hacinamiento, pero el costo ha sido muy alto”, asegura y agrega que la defensoría  ha logrado implementar con muy pocos recursos el  programa de defensa penitenciaria, que hoy  se extiende a tres regiones:  Metropolitana, en la provincia del Bíobio y la región de Coquimbo. ” En las demás regiones  hacemos la función de apoyar la solicitud de beneficios, defender derechos condenadas, reducción de condena, hay mucha gente privada de libertad que no debería estarlo , se habla del violador que sale de la cárcel para el temor social, pero se olvida  que adentro murió un vendedor de CD`s , se debe privilegiar la reinserción por sobre la privación de libertad, pues está comprobado que lejos de rehabilitar, produce un efecto criminal importante”, dice para finalizar.